La fiscalía boliviana ha anunciado que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales para que comparezca ante las autoridades en relación a una investigación por trata de personas y estupro. El exmandatario, según la denuncia, habría mantenido una relación con una menor de edad, con la que supuestamente tuvo un hijo.

Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, señaló que Morales y otros investigados han sido debidamente notificados, y al no presentarse a declarar, se procederá con la orden de captura. "El mandamiento de aprehensión se emitirá conforme a la ley, sin vulneración de derechos", afirmó Gutiérrez.

La denuncia presentada a finales de septiembre acusa a Morales de delitos relacionados con una menor que formaba parte de "Generación Evo", un grupo juvenil creado durante su presidencia. El exmandatario había sido citado para declarar en la ciudad de Tarija, pero su defensa argumentó que el caso debería tratarse en Cochabamba, donde reside. Morales no se presentó, alegando cuestiones legales pendientes.

Junto a Morales, otras dos personas también están bajo investigación por este caso y tampoco acudieron a la citación. Gutiérrez subrayó que las órdenes de aprehensión se extenderán a los otros implicados que no justificaron su ausencia.

El caso ha generado controversia en el panorama político boliviano. Mientras las autoridades judiciales aseguran que se siguen los procedimientos legales adecuados, Morales y su equipo legal lo califican como una "persecución política". El exmandatario, distanciado del gobierno del actual presidente Luis Arce, ha denunciado que esta investigación forma parte de una campaña de "lawfare", o judicialización con fines políticos, en su contra.

Organizaciones sociales cercanas a Morales advirtieron que, de ejecutarse la orden de aprehensión, iniciarán un bloqueo nacional de caminos en protesta. Por su parte, el expresidente ha afirmado que cuenta con el respaldo de más de 200 abogados dispuestos a defenderlo gratuitamente en este "proceso injusto", y que enfrentará esta "batalla jurídica" con determinación.

El caso se produce en un contexto de creciente tensión política, ya que Morales lideró recientemente una marcha en La Paz para validar un congreso partidario donde fue nombrado candidato único del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de 2025. Este hecho ha aumentado la división dentro del partido de gobierno y las acusaciones de que Morales está siendo blanco de ataques políticos.

A nivel internacional, el Grupo de Puebla, un foro que agrupa a líderes de izquierda de América Latina, ha expresado su preocupación por el uso de la justicia con fines políticos contra el exmandatario, considerando la situación como un caso de "lawfare" en su contra.

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