El reciente tarifazo de ETECSA no debe entenderse como una reacción desesperada ante un supuesto “fraude internacional”, sino como una medida cuidadosamente planificada dentro de una estrategia de rediseño económico que prioriza la captura de divisas sobre el bienestar de la ciudadanía.

El pretexto del fraude —una pérdida del 60% de ingresos por recargas internacionales gestionadas por plataformas no oficiales— no ha sido respaldado con pruebas, investigaciones abiertas ni sanciones legales. Ninguna empresa permitiría semejante agujero financiero sin actuar, a menos que la narrativa del fraude encubra una red de corrupción tolerada por la propia empresa o el Estado.

Desde mayo de 2024, el régimen ya sembraba la idea del fraude. Un año después, las cifras se inflan y se endurece el acceso a servicios básicos en pesos cubanos, obligando al uso de paquetes en moneda dura. Así, ETECSA pasa de ser una empresa estatal “del pueblo” a convertirse en una herramienta del poder que margina a quienes no reciben remesas y chantajea emocionalmente a la emigración cubana, obligada a pagar la conectividad de sus familiares.

En paralelo, el gobierno prorroga el monopolio de ETECSA hasta 2036, con la opción de extenderlo tres décadas más. Esta jugada no responde al fortalecimiento del socialismo, sino a blindar legalmente un activo que podría ser privatizado bajo condiciones de nula competencia y con beneficios concentrados en la élite.

El patrón recuerda el proceso de privatización ruso de los años 90, donde oligarcas cercanos al poder se apropiaron de sectores estratégicos mediante operaciones opacas.

La presencia de asesores rusos en Cuba como Boris Titov y la creación del Centro Conjunto de Transformación Económica, refuerzan esta hipótesis. Bajo esta orientación, el régimen busca dolarizar servicios públicos, restringir derechos básicos como la conectividad digital y transferir activos estatales a actores fieles al Partido Comunista.

En resumen, el tarifazo de ETECSA no es una medida técnica, sino política. Es parte de un proceso de reconfiguración del país que, en nombre del pueblo, se hace contra el pueblo. Un proceso que usa la conectividad como control social y prepara el terreno para un capitalismo de Estado que reproduce las peores prácticas del autoritarismo económico ruso.

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