En una muestra clara del endurecimiento represivo del régimen ante el creciente deterioro de la infraestructura estatal y el aumento de acciones de protesta o supervivencia por parte de ciudadanos desesperados, el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba ha emitido el Dictamen 475/2025, una disposición que redefine y agrava las sanciones penales aplicables a actos considerados “vandálicos” contra propiedades estatales. La medida convierte esos hechos en delitos de sabotaje, con el consiguiente aumento de la severidad de las penas.

La normativa, emitida el pasado 23 de mayo, establece que acciones como dañar o sustraer partes de medios de transporte público, líneas férreas, locomotoras, depósitos de combustible, grupos electrógenos, parques fotovoltaicos y estructuras de telecomunicaciones, entre otros elementos claves del aparato estatal, serán calificadas como sabotaje, tal como lo estipula el artículo 125 del Código Penal cubano. Esta figura penal está asociada tradicionalmente a acciones de carácter político o subversivo, y ahora será aplicada también en contextos de necesidad o supervivencia.

Además, el dictamen contempla una “modalidad agravada” si los hechos conllevan peligro para la vida humana, la seguridad colectiva o pueden provocar accidentes de gran envergadura, lo que abriría la puerta a aplicar sanciones todavía más severas. A esto se suma la orden expresa a los tribunales de priorizar la “celeridad procesal” para estos casos, evitando cualquier tipo de dilación, así como la recomendación de celebrar “juicios ejemplarizantes” y promover su divulgación mediática.

Como medidas complementarias, el dictamen propone la prisión provisional de los acusados y la imposición de sanciones accesorias como la confiscación de bienes y la prohibición de salida del país.

Esta ofensiva judicial se enmarca en un contexto de creciente crisis económica y descomposición social, donde proliferan los robos a infraestructuras públicas no por actos organizados de sabotaje, sino por la desesperación de una población que intenta sobrevivir en un país donde el acceso a alimentos, energía y servicios básicos es cada vez más precario. Lejos de abordar las causas estructurales que alimentan estos hechos —como el desabastecimiento, la pobreza extrema, el desempleo o la falta de movilidad social—, el régimen opta por responder con medidas punitivas extremas.

Esta nueva ofensiva legal busca también reforzar el discurso oficial de que el Estado cubano actúa en defensa del “interés del pueblo”, criminalizando a quienes dañen los servicios estatales como enemigos del progreso y la estabilidad. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de estos hechos no son parte de conspiraciones, sino de un país al borde del colapso, donde muchos ciudadanos ven en el desmantelamiento de bienes estatales una forma desesperada de conseguir ingresos o recursos.

(Ver Dictamen 475/2025)

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