El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, reconoció este martes ante el plenario de la Asamblea Nacional que la empresa estatal de telecomunicaciones Etecsa ha enfrentado pérdidas superiores a los 500 millones de dólares anuales durante los últimos tres años, atribuibles principalmente a dificultades financieras, deudas acumuladas y la competencia de operadores ilegales en el exterior.

En su intervención, Marrero admitió que las recientes medidas implementadas por el gobierno en el sector de las telecomunicaciones, ampliamente rechazadas por la población, respondieron a la necesidad de revertir esta situación. “Errores conocidos por todos sobre la forma en que se condujo la implantación de las nuevas medidas y su estrategia político-comunicacional provocaron justas inconformidades que han sido atendidas”, dijo, en referencia a las protestas populares que estallaron tras el anuncio de restricciones y nuevos esquemas de servicios.

Uno de los puntos críticos mencionados por Marrero fue el dominio de los canales ilegales en la venta de recargas internacionales. “De cada 20 dólares de venta de recargas internacionales, 18 eran captados por vías ilegales y no llegaban a las cuentas de Etecsa”, señaló, responsabilizando a operadores externos por el desvío de los ingresos legítimos de la empresa estatal.

A pesar de las quejas generalizadas de los usuarios y el repudio en redes sociales, Marrero defendió los resultados económicos obtenidos a partir de la implementación de estas nuevas medidas. Según cifras presentadas, en apenas 46 días se habrían ingresado 24.8 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 540 mil dólares diarios, en contraste con los 10 mil dólares diarios que se obtenían anteriormente.

“El objetivo de estos ingresos es destinarlos a la recuperación gradual de las infraestructuras de telecomunicaciones en el país, así como a nuevas contribuciones y al desarrollo de servicios con tecnologías más avanzadas”, afirmó el primer ministro.

Las medidas, aunque no detalladas en esta intervención, han sido ampliamente cuestionadas por los ciudadanos, quienes acusan al gobierno de convertir el acceso a las telecomunicaciones en un privilegio para quienes pueden pagar en divisas, mientras se restringe el acceso de los sectores más vulnerables.

Sin embargo, Marrero subrayó que gracias a estas decisiones las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, que venían en descenso, cerraron el semestre con un incremento del 3.5%.

El anuncio, lejos de calmar los ánimos, podría avivar el debate sobre el creciente costo de los servicios básicos en Cuba, y cómo el Estado prioriza la captación de divisas frente a las crecientes demandas de una población cada vez más empobrecida y sin acceso igualitario a los recursos tecnológicos.

El discurso de Marrero se produce en un contexto de malestar social, con una ciudadanía que percibe las telecomunicaciones no solo como un servicio, sino como un derecho, especialmente en un país con fuerte control estatal sobre la información.

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