El gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a enviar cartas de cobro a patrocinadores de inmigrantes como parte de una medida que busca responsabilizarlos económicamente por el uso de Medicaid y otros programas de asistencia social utilizados por las personas a las que respaldaron en sus procesos migratorios. La información fue dada a conocer por Univision Noticias y ha generado preocupación entre miles de familias inmigrantes en Estados Unidos.

El subsecretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Jim O’Neill, confirmó que el departamento está notificando a los patrocinadores que, conforme a la ley, pueden ser obligados a reembolsar al gobierno federal los costos de ciertos beneficios públicos utilizados por los inmigrantes que patrocinaron. “El Departamento de Salud y Servicios Humanos está alertando a los patrocinadores de inmigrantes que utilizan Medicaid y otros servicios sociales que deberán pagar al gobierno por estos gastos de sus patrocinados”, declaró el funcionario.

Esta medida se basa en el formulario I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, un documento legal que muchos ciudadanos y residentes permanentes firman cuando solicitan la residencia para un familiar. A través de este formulario, el patrocinador se compromete a mantener económicamente al inmigrante para evitar que dependa de ayudas públicas, obligación que puede extenderse hasta que el beneficiario se haga ciudadano estadounidense, acumule 40 trimestres de trabajo o abandone el país.

El abogado de inmigración Luis Victoria, consultado por Univision Noticias, explicó que aunque esta responsabilidad siempre ha existido en la ley, raramente se aplicaba de forma activa. Sin embargo, la administración Trump ha decidido reforzar su cumplimiento como parte de su política de endurecimiento migratorio. Según Victoria, las cartas de cobro no significan automáticamente una demanda, pero sí representan una advertencia formal de que el gobierno puede iniciar acciones legales para recuperar el dinero.

El abogado aclaró que no todos los beneficios generan obligación de reembolso y que cada caso debe analizarse individualmente. También señaló que algunos patrocinadores podrían defenderse legalmente, especialmente si no hubo uso indebido de beneficios o si el inmigrante dejó de estar bajo su responsabilidad legal.

La medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia del gobierno federal para reducir el uso de ayudas públicas por parte de inmigrantes y trasladar la carga económica a quienes los patrocinan. Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido que esta política podría generar temor, afectar la reunificación familiar y disuadir a ciudadanos y residentes de patrocinar a sus seres queridos.

Ante este escenario, especialistas recomiendan a los patrocinadores que no ignoren las notificaciones, revisen su situación con un abogado de inmigración y reúnan toda la documentación relacionada con el caso. La orientación legal temprana puede ser clave para entender las obligaciones reales y evitar consecuencias financieras mayores.

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