Las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump no solo representan una política de mano dura, sino también una oportunidad de negocio para un puñado de aerolíneas privadas que han encontrado en la expulsión forzosa de migrantes una fuente millonaria de ingresos. Entre estas empresas destacan CSI Aviation, GlobalX y Classic Air, todas con estrechos vínculos con el Partido Republicano y donaciones considerables a las campañas del presidente.

Avelo Airlines, una de las más recientes en sumarse al esquema, fue blanco de protestas el 17 de abril en el aeropuerto Tweed, en New Haven, Connecticut. Activistas colgaron carteles denunciando su colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional para deportar migrantes desde Mesa, Arizona. Esta escena es solo un reflejo de una red mayor de contratistas privados que lucran con la represión migratoria.

En lo que va del año, según Witness at the Border, se han realizado más de 350 vuelos de deportación, movilizando cerca de 50,000 personas a países como México, Brasil, India y Venezuela.

Aunque se presentan como operaciones de seguridad nacional, estas deportaciones son también un negocio privado orquestado por ICE Air, la división aérea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que contrata corredores como CSI para subarrendar vuelos a aerolíneas comerciales.

GlobalX, encargada de casi el 80 % de los vuelos de ICE en 2024, también ha sido denunciada por maltrato a migrantes en vuelos a Brasil. Classic Air, por su parte, fue acusada de abusos extremos en vuelos a Somalia y tiene una historia ligada al transporte de detenidos hacia cárceles secretas de la CIA tras el 11-S.

Estos datos revelan un sistema profundamente privatizado, en el que el sufrimiento de los migrantes genera dividendos. Las aerolíneas que transportan deportados no solo colaboran con una política, sino que se enriquecen con ella, reforzando un círculo vicioso entre poder político, negocios privados y represión sistemática.

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