La administración de Javier Milei dio por finalizado un acuerdo vigente desde 2008 que cedía el uso de un edificio público a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para operar el espacio conocido como “La Pastera”.

El Gobierno argentino, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN), revocó el comodato mediante el cual la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) administraba un museo dedicado a Ernesto “Che” Guevara, ubicado en la ciudad de San Martín de los Andes, dentro del Parque Nacional Lanín.

La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que el contrato representaba un uso "ilegal e inmoral" del patrimonio estatal. Según explicó, la medida forma parte del proceso de revisión de cesiones y contratos heredados de administraciones anteriores.

El museo, conocido como “La Pastera”, funcionaba desde hace más de 15 años y estaba centrado en la figura del Che Guevara, con exposiciones y materiales multimedia sobre su vida, sus viajes y su rol en los movimientos revolucionarios del siglo XX. ATE gestionaba el espacio con apoyo de recursos públicos, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

“El lugar fue cedido para actividades culturales e informativas, pero se desvirtuó para exaltar a un personaje vinculado con hechos violentos y autoritarios”, declaró Adorni durante una conferencia de prensa.

Desde el Gobierno nacional se argumenta que el Estado no debe financiar espacios que, según su criterio, promueven figuras históricas relacionadas con la violencia política. “No es función del Estado argentino homenajear a quienes estuvieron vinculados con el terrorismo o el autoritarismo de izquierda”, agregó el vocero.

El cierre de “La Pastera” se inscribe en una política más amplia de reducción del gasto público y de despolitización de instituciones estatales, impulsada por la gestión de Javier Milei. La revisión de contratos y comodatos en organismos nacionales apunta, según el Ejecutivo, a evitar el uso partidario o ideológico de recursos estatales.

El inmueble volverá ahora a la órbita de la Administración de Parques Nacionales, que evaluará su futuro uso en el marco de las actividades del parque.

Por su parte, ATE no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre la medida, aunque dirigentes del gremio han cuestionado en redes sociales lo que consideran una “censura histórica” y una “decisión arbitraria contra la memoria latinoamericana”.

Mientras tanto, sectores que apoyan la medida del Gobierno consideran que se trata de un acto de justicia institucional frente al uso de bienes públicos para fines que, a su entender, no representan el consenso de la sociedad argentina.

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