Una investigación federal en Estados Unidos sobre un esquema de fraude en el sistema de salud pública ha abierto una línea de indagación que apunta, de forma preliminar, hacia posibles vínculos con el régimen cubano, en medio de un escándalo que involucra millones de dólares y prácticas sistemáticas de engaño.

El caso, detectado principalmente en el sur de Florida, gira en torno a empresas que facturaban equipos médicos a programas como Medicare y Medicaid sin que estos fueran entregados a los pacientes. Las autoridades aseguran que se utilizaron datos de beneficiarios para generar cobros falsos, desviando recursos destinados a personas vulnerables.

El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, advirtió sobre la magnitud del problema en esa región, donde el número de proveedores de equipos médicos resulta desproporcionado frente a la demanda real. Según afirmó, esta anomalía ha convertido al sur de Florida en uno de los principales focos de fraude en el país.

En declaraciones públicas, Oz señaló que existe la sospecha de que el régimen cubano podría estar vinculado a estas operaciones irregulares, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes. No obstante, la hipótesis ha sido incorporada a la investigación, que sigue en curso.

Las pesquisas han revelado patrones como el uso indebido de números de afiliados, cambios constantes entre planes de salud y la creación de empresas fachada para sostener el esquema de facturación fraudulenta. Este modelo permitió a los implicados obtener ganancias significativas a costa del sistema público.

El caso no se limita a Florida. Las autoridades han detectado irregularidades similares en otros estados como California y Minnesota, lo que sugiere la posible existencia de redes más amplias, incluso con conexiones internacionales.

Funcionarios federales han advertido que, en muchos casos, los responsables de este tipo de fraude abandonan el país tras obtener grandes sumas de dinero, lo que dificulta su procesamiento judicial. También se ha señalado la participación de redes extranjeras en esquemas similares en distintas regiones de Estados Unidos.

Ante la magnitud del problema, el gobierno estadounidense ha intensificado sus acciones. Entre las medidas adoptadas se encuentra una moratoria temporal para la incorporación de nuevos proveedores en ciertas categorías médicas, así como el congelamiento de fondos en estados bajo investigación.

Además, el Departamento de Justicia ha realizado arrestos relacionados con fraudes en el sector sanitario, incluyendo casos que involucran decenas de millones de dólares en facturación irregular.

Las autoridades estiman que el fraude en Medicare y Medicaid podría representar pérdidas cercanas a los 100 mil millones de dólares a nivel nacional, afectando directamente a ancianos, personas con discapacidad y ciudadanos de bajos ingresos.

Fuente: La Nación

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