Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable al excongresista republicano David Rivera por su participación en una presunta operación de influencia política vinculada al gobierno de Venezuela, en un caso que también involucra a la consultora política Esther Nuhfe.

El veredicto fue emitido tras un extenso juicio de siete semanas en el que el jurado encontró a Rivera culpable de siete cargos federales, mientras que su coacusada fue hallada culpable de cuatro. Ambos enfrentaban acusaciones relacionadas con conspiración contra Estados Unidos, actuación como agentes extranjeros no registrados y lavado de dinero.

De acuerdo con los fiscales, el caso gira en torno a una presunta campaña secreta de presión política valorada en 50 millones de dólares, supuestamente destinada a influir en la política estadounidense hacia Venezuela durante la primera administración del presidente Donald Trump.

La investigación sostiene que Rivera habría sido contactado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez para movilizar contactos políticos en Washington con el objetivo de suavizar la postura de la Casa Blanca frente al gobierno de Nicolás Maduro y aliviar sanciones económicas.

Durante el proceso judicial se presentaron pruebas documentales, registros bancarios y mensajes que, según la fiscalía, evidenciarían intentos de ocultar un contrato con una filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA.

El juicio también contó con testimonios de figuras políticas de alto perfil, entre ellas el actual secretario de Estado Marco Rubio, quien declaró que desconocía la existencia del contrato cuando participó en reuniones relacionadas con la situación de Venezuela. También testificaron otros legisladores y lobistas que manifestaron su sorpresa ante los vínculos contractuales del excongresista.

Según los fiscales, Rivera y Nuhfe habrían intentado utilizar sus conexiones políticas en Estados Unidos para influir en decisiones clave, presentando la operación como una campaña de relaciones públicas, mientras ocultaban su alcance real. La acusación argumenta que actuaron sin registrarse como agentes extranjeros, como exige la ley federal.

La defensa, por su parte, sostuvo que no existía obligación legal de registrarse y que las actividades realizadas tenían un carácter político legítimo, orientado a promover un cambio en Venezuela y no a beneficiar directamente al gobierno de Maduro.

El caso ha sido descrito por las autoridades como un ejemplo de campañas de influencia extranjera en territorio estadounidense, y también ha puesto el foco en el papel de ciudades como Miami como punto de conexión entre la política de Washington y los intereses de América Latina.

Tras el veredicto, la decisión final sobre la sentencia quedará en manos del juez del caso, lo que marcará el desenlace de un proceso judicial considerado uno de los más relevantes en materia de influencia extranjera en los últimos años en Estados Unidos.

Fuentes: AP y Telemundo 51

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