El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) instó a las agencias federales a priorizar el inglés y avanzar hacia operaciones exclusivamente en ese idioma, una directriz que podría reducir la disponibilidad de documentos, servicios y recursos gubernamentales en español y otras lenguas.

La nueva orientación fue publicada el jueves 12 de noviembre en el Registro Federal y desarrolla la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en marzo de 2025, mediante la cual designó el inglés como idioma oficial del país.

El memorando establece que las dependencias federales deben revisar sus programas de asistencia multilingüe y determinar cuáles están exigidos por ley o resultan necesarios para cumplir sus funciones. Aquellos servicios que no respondan a esos criterios deberían eliminarse para favorecer operaciones en inglés.

La recomendación abarca una amplia variedad de comunicaciones y recursos oficiales, entre ellos correspondencia gubernamental, reglamentos, anuncios públicos, formularios, solicitudes, páginas web, materiales educativos, comunicaciones internas y herramientas de inteligencia artificial.

Sin embargo, la directriz contempla excepciones. Las agencias podrán mantener servicios de traducción cuando exista una obligación legal o cuando sean necesarios para cumplir sus responsabilidades, con ejemplos relacionados con la atención sanitaria, la seguridad nacional y determinadas operaciones gubernamentales.

La orientación del Departamento de Justicia se suma a modificaciones que algunas dependencias federales ya han comenzado a implementar.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano eliminó en agosto opciones en otros idiomas de sus servicios. Además, la Administración de Servicios Generales cerró recientemente la versión en español del portal USA.gov, que ofrecía información gubernamental en ese idioma desde 2003.

La medida podría afectar especialmente a millones de residentes con conocimientos limitados de inglés, que utilizan materiales traducidos para realizar trámites, solicitar beneficios y acceder a información oficial.

Especialistas en derechos civiles han advertido que reducir la asistencia lingüística puede dificultar el acceso de estas comunidades a servicios esenciales, incluidos los procedimientos relacionados con impuestos, salud y seguridad pública.

El propio memorando reconoce que deben respetarse las obligaciones establecidas en la legislación federal, incluida la Sección 203 de la Ley de Derecho al Voto, que contempla asistencia lingüística para determinados grupos de votantes.

La publicación del documento también abrió un período de recepción de comentarios públicos hasta el 11 de enero de 2027. El Departamento de Justicia evaluará las observaciones recibidas para determinar si corresponde introducir modificaciones.

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