La administración de Donald Trump ha planteado a las autoridades de Venezuela una exigencia explícita: cooperar de manera inmediata en la investigación e incluso entrega o traslado de un grupo de nueve personas vinculadas al antiguo régimen de Nicolás Maduro, encabezadas por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, como condición para avanzar en la normalización de relaciones, el levantamiento de sanciones y posibles acuerdos energéticos, según informes a los que tuvo acceso el periodista David Alandate de ABC.

La solicitud, que el Gobierno estadounidense ha transmitido a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no se limita a una simple formalidad diplomática. Incluye peticiones para facilitar investigaciones, acceso a documentación financiera y, en algunos casos, mecanismos para que estas figuras clave puedan ser puestas a disposición de la justicia estadounidense.

Además de Maduro Guerra, la lista de personas señaladas abarca a figuras cercanas al chavismo acusadas por Washington de estar implicadas en redes de corrupción, narcotráfico y otros delitos. Entre los nombres mencionados en el reporte aparecen el empresario Alex Saab —quien ya fue capturado en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2021 para enfrentar cargos de lavado de dinero—, así como Raúl Gorrín, Tareck El Aissami, Walter Jacob Gavidia Flores, Samark López Bello y Pedro Martín Olivares.

La presión estadounidense se produce en un contexto de profundas tensiones bilaterales, donde sanciones, acusaciones de narcotráfico y disputas por la industria petrolera han marcado las relaciones. Washington argumenta que la cooperación con las investigaciones contribuiría a desarticular estructuras de corrupción y crimen que, según sus declaraciones, han operado desde altos niveles del chavismo.

Un punto clave en la negociación es la limitación legal dentro de Venezuela: la Constitución de ese país prohíbe de manera explícita la extradición de ciudadanos venezolanos. Ante este escenario, Estados Unidos habría propuesto fórmulas alternativas para que la entrega o traslado de estas personas no se perciba como un proceso de extradición tradicional, sino como movimientos administrativos o de seguridad. Esta estrategia buscaría sortear las barreras legales y reducir la resistencia política a colaborar con Washington.

El enfoque estadounidense también contempla la activación de mecanismos de detención si los involucrados cruzan fronteras fuera de Venezuela, aprovechando la inteligencia compartida y la cooperación con jurisdicciones más flexibles. La idea es priorizar a aquellos que, por su historial de viajes o funciones, puedan ser más accesibles para ser detenidos fuera del país.

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