A más de cinco años de la aprobación del Decreto-Ley 31 de Bienestar Animal en Cuba, persisten numerosos reportes de maltrato y abandono de animales en distintas provincias, lo que evidencia una débil implementación de la normativa vigente.

En la ciudad de Holguín se han registrado recientemente escenas de caballos utilizados para el transporte que colapsan en la vía pública por agotamiento y desnutrición, situaciones que han sido señaladas por vecinos como frecuentes y visibles en calles céntricas.

La legislación aprobada en 2021 establece el reconocimiento de los animales como seres que requieren protección, regula su cuidado, transporte, comercialización y sacrificio, y prohíbe prácticas consideradas crueles. También contempla sanciones y un enfoque integral de salud que vincula el bienestar animal, humano y ambiental.

Sin embargo, en la práctica, distintos casos reportados en comunidades del país muestran dificultades en la aplicación de la norma, asociadas a limitaciones en la labor de inspección, falta de recursos materiales y ausencia de mecanismos de respuesta ágil ante denuncias ciudadanas.

En varios territorios se mantienen prácticas como el abandono de perros, la tenencia en condiciones precarias, peleas de animales en espacios públicos y la persistencia de peleas de gallos, a pesar de estar prohibidas o reguladas por la legislación vigente.

Especialistas y actores vinculados a la protección animal han señalado previamente que, aunque la normativa ha contribuido a visibilizar el problema y a establecer un marco legal de referencia, su impacto real ha sido limitado debido a carencias institucionales, falta de capacitación, lentitud en los procesos sancionadores y escasez de recursos veterinarios.

A estos factores se suma la situación económica del país, que afecta el acceso a alimentos, medicamentos, vacunas, anestesia y otros insumos necesarios para garantizar condiciones mínimas de bienestar animal, lo que dificulta la labor de protectores y familias.

Como resultado, organizaciones y activistas del sector consideran que el sistema de protección animal no ha logrado consolidarse plenamente en la práctica, pese a la existencia de un marco jurídico que lo respalda.

Fuentes: Cubanet

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