El gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de medidas que afectará directamente a los inmigrantes, especialmente aquellos sin estatus legal, mediante la reducción de beneficios fiscales y un incremento en la supervisión de las remesas que envían a sus países de origen. La iniciativa fue anunciada por Scott Bessent, secretario del Tesoro, y se enmarca dentro de la política del gobierno de Donald Trump de limitar la inmigración y reducir su impacto en las finanzas públicas.

Según el secretario, los cambios buscan excluir a inmigrantes y otros extranjeros que no califiquen de recibir partes reembolsables de créditos fiscales, incluidos el crédito por ingreso del trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito “Oportunidad Americana” y los créditos por aportaciones a cuentas de ahorro. La intención es que los beneficios se concentren en ciudadanos estadounidenses o residentes legales con derecho pleno a estos programas.

Bessent explicó que esta medida surge como respuesta a lo que el gobierno considera una “carga financiera” asociada a la población inmigrante. De acuerdo con datos del censo, aproximadamente 53 millones de personas en EE.UU. son extranjeras, muchas de ellas provenientes de países en crisis o en situación irregular, y el gobierno asegura que sus familias reciben asistencia que, según la administración, excede sus ingresos laborales. En sus publicaciones en X, Donald Trump ejemplificó que un inmigrante con salario anual de 30,000 dólares podría recibir hasta 50,000 dólares en beneficios familiares, un monto que calificó de injusto.

El plan también contempla un aumento en la supervisión de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Según Bessent, la revisión buscará identificar actividades sospechosas y prevenir el uso de transferencias para el financiamiento de delitos o terrorismo. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha alertado previamente sobre la explotación de estas transferencias por actores ilícitos, aunque reconoce que la mayoría de los envíos son legítimos y representan un soporte financiero vital para familias en el extranjero.

La administración enfatiza que la combinación de recortes fiscales y controles más estrictos sobre las remesas es parte de una estrategia más amplia para “proteger las finanzas del país” y garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes cumplen con los requisitos legales.

Los críticos de la medida argumentan que podría afectar a millones de familias que dependen de estos beneficios y envíos de dinero para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, el gobierno asegura que el objetivo principal es reducir lo que considera un impacto negativo de la inmigración irregular en la economía y en los servicios sociales.

Fuente: La Opinión

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