El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo programa migratorio que busca reducir la presencia de inmigrantes indocumentados mediante incentivos económicos y apoyo logístico para quienes decidan abandonar el país de forma voluntaria. La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, contempla el pago de 2.600 dólares y un vuelo gratuito hacia el país de origen de los participantes.

El plan es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y está vinculado al uso de la aplicación móvil CBP Home, una plataforma creada para que los inmigrantes puedan notificar oficialmente su intención de salir del país antes de enfrentar un proceso de arresto o deportación. Según las autoridades, el objetivo principal es ofrecer una alternativa “ordenada y menos traumática” frente a las redadas migratorias y las detenciones prolongadas.

De acuerdo con la información oficial, los inmigrantes que se registren en la aplicación y superen una verificación básica de antecedentes recibirán beneficios temporales, entre ellos la eliminación provisional de la prioridad de arresto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta la fecha de su salida programada. Esto permitiría que los participantes permanezcan en libertad mientras se organizan los detalles de su regreso.

El mensaje difundido por el DHS ha sido directo y contundente, destacando que la salida voluntaria puede evitar la incertidumbre y el estrés asociados a una posible detención inesperada. Además, el programa permite que los inmigrantes abandonen el país como pasajeros regulares, sin esposas, centros de detención ni procesos judiciales migratorios.

No obstante, la propuesta ha generado opiniones divididas entre la comunidad inmigrante. Algunos consideran que la suma ofrecida resulta insuficiente para empezar de nuevo en sus países de origen, especialmente tras años de residencia en Estados Unidos. Otros, en cambio, ven el incentivo económico y el pasaje gratuito como una oportunidad para regresar sin mayores consecuencias legales, sobre todo para quienes ya enfrentan un futuro migratorio incierto.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por el programa, señalando que no ofrece soluciones a largo plazo ni opciones de regularización. Aun así, el gobierno sostiene que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir la inmigración irregular, aliviar la presión sobre los centros de detención y acelerar los procesos de repatriación sin recurrir exclusivamente a acciones coercitivas.

Fuente: Yahoo News (inglés)

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