El Gobierno de Estados Unidos ha oficializado la terminación del programa de parole humanitario que permitía la residencia y trabajo temporal a migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. La medida, publicada este martes en el Registro Federal, establece que el programa expirará el 24 de abril de 2025, dejando a miles de personas en incertidumbre sobre su estatus migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que aquellos beneficiarios cuyo permiso expire en esa fecha deberán salir del país si no han obtenido otra vía legal para permanecer en Estados Unidos. De lo contrario, podrían enfrentarse a procedimientos de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El DHS argumentó que este programa ya no representa un beneficio significativo para el país ni contribuye a reducir la inmigración irregular, considerándolo incompatible con la política migratoria actual. “Estos programas no han mitigado suficientemente los efectos de la inmigración ilegal ni sirven a los propósitos previstos”, se lee en el texto oficial.

Cada beneficiario será notificado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sobre su situación. Además, los permisos de trabajo asociados a este parole serán revocados, y se cancelarán todas las solicitudes de permiso de viaje gestionadas bajo este programa.

El parole humanitario fue una política implementada por el presidente Joe Biden en 2022 para venezolanos y ampliada en 2023 para cubanos, haitianos y nicaragüenses. Su objetivo era ofrecer una alternativa legal a la migración irregular, permitiendo a los beneficiarios entrar a EE.UU. con el respaldo de un patrocinador residente en el país.

Según cifras del DHS, más de 530,000 personas accedieron a EE.UU. bajo este programa:

Cuba: 110,000

Haití: 210,000

Nicaragua: 93,000

Venezuela: 117,000

Sin embargo, la Administración de Donald Trump, quien ya había adelantado su intención de eliminar este programa durante su campaña electoral, ha tomado la decisión de revocarlo oficialmente.

Los migrantes acogidos a este programa deben explorar alternativas legales antes de la fecha límite, como el asilo o la residencia a través de otros procesos migratorios. Aquellos que no logren regularizar su situación podrían ser objeto de deportación.

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