El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó el 18 de agosto a Venezuela a Rafael José Quero Silva, un ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana señalado por las autoridades estadounidenses de participar en abusos contra manifestantes y opositores durante el régimen de Nicolás Maduro.

La expulsión se produjo después de que un juez de inmigración del Departamento de Justicia emitiera una orden de deportación. Quero Silva había sido detenido por agentes de ICE el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida.

El exmilitar ingresó legalmente a Estados Unidos el 20 de junio de 2016 a través del Aeropuerto Internacional de Miami, pero, según ICE, permaneció en el país más allá del período autorizado por las condiciones de su admisión.

Antes de llegar a Estados Unidos, Quero Silva ocupó el rango de coronel de la Guardia Nacional Bolivariana y estuvo al frente del Destacamento 47, con sede en Barquisimeto, estado Lara.

Las autoridades estadounidenses lo responsabilizan de haber tenido conocimiento y participación en acciones de represión ejecutadas por integrantes de la unidad bajo su mando contra manifestantes contrarios al gobierno de Maduro.

Según la información presentada por ICE, en 2013 Quero Silva habría supervisado directamente abusos contra al menos 74 manifestantes pacíficos. Los detenidos habrían sido sometidos a golpes, descargas eléctricas, amenazas de violencia sexual y otros actos de tortura física y psicológica durante su permanencia bajo custodia del Destacamento 47.

El director de la oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) de ICE en Miami, Matthew Elliston, afirmó que la agencia mantiene el objetivo de impedir que Estados Unidos se convierta en un refugio para personas involucradas en persecución, tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.

Por su parte, José R. Figueroa, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, destacó la cooperación entre las agencias estadounidenses para identificar e investigar a personas sospechosas de haber participado en abusos de derechos humanos.

El caso contó con la participación de ICE Miami, HSI Miami, el FBI y el Centro para la Denuncia de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra, organismo encargado de apoyar la identificación de personas sospechosas de persecución, tortura, crímenes de guerra, genocidio y otros delitos graves.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por ICE, desde 2003 la agencia ha arrestado a más de 520 personas por presuntas violaciones de derechos humanos. Durante ese período, obtuvo órdenes de deportación y expulsó físicamente de Estados Unidos a más de 1.178 personas identificadas como conocidas o sospechosas de este tipo de abusos, mientras que otras 208 abandonaron el país mediante procedimientos facilitados por las autoridades.

El centro especializado también ha emitido más de 80.000 alertas destinadas a identificar posibles responsables de violaciones de derechos humanos y ha contribuido a impedir la entrada a Estados Unidos de más de 415 personas señaladas como violadores de derechos humanos o sospechosos de crímenes de guerra.

Fuente: Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos

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