Estados Unidos completó este viernes la deportación de ocho hombres con condenas por delitos violentos hacia Sudán del Sur, entre los cuales se encuentran dos ciudadanos cubanos: Enrique Arias-Hierro, de 47 años, y José Manuel Rodríguez-Quiñones, de 54. Ambos residían en Florida y contaban con un largo historial delictivo, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La expulsión se llevó a cabo tras semanas de disputas legales, luego de que el vuelo de deportación, originalmente programado en mayo, fuera desviado a una base militar estadounidense en Yibuti, donde los hombres permanecieron detenidos mientras se resolvían los desafíos judiciales. Finalmente, el Tribunal Supremo autorizó el traslado a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra civil y considerado altamente peligroso por el propio Departamento de Estado.

De acuerdo con las autoridades, Arias-Hierro fue arrestado por primera vez en 1997 y volvió a ser detenido en múltiples ocasiones en 2006 y 2025. Entre sus condenas figuran cargos por homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y robo con violencia. Rodríguez-Quiñones, por su parte, fue detenido inicialmente en 2008 en el condado Miami-Dade por tráfico de cocaína. A lo largo de los años, acumuló cargos por asesinato en primer grado con arma de fuego, agresión violenta, hurto y tráfico de drogas, siendo su última detención en abril de 2025.

Ambos cubanos forman parte de un grupo de más de 40.000 nacionales que el régimen de La Habana se ha negado a aceptar de regreso, lo que ha obligado a Estados Unidos a buscar países terceros para reubicar a algunos deportados con antecedentes penales graves. En este caso, Sudán del Sur, pese a sus altos niveles de inseguridad, fue elegido como destino.

La vocera de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó la operación como “una victoria para el estado de derecho, la seguridad y la protección del pueblo estadounidense”. En su declaración, subrayó que los hombres representaban una amenaza por sus antecedentes y que su permanencia en el país no era justificable.

La decisión de enviarlos a Sudán del Sur generó una intensa batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema, donde una mayoría conservadora concluyó que el gobierno podía proceder con deportaciones rápidas hacia terceros países cuando el país de origen se niega a recibir a sus nacionales. Durante semanas, los hombres permanecieron recluidos en condiciones precarias en Yibuti, alojados en un contenedor de carga adaptado.

Pese a intentos de una jueza federal de Massachusetts por revertir la medida, finalmente se determinó que los tribunales no tenían jurisdicción para detener las deportaciones. Con ese fallo, se allanó el camino para que el viernes por la noche los ocho hombres, originarios de Cuba, México, Myanmar, Laos, Vietnam y Sudán del Sur, fueran finalmente trasladados a su destino final.

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