El Gobierno de Estados Unidos ha responsabilizado al régimen de Nicolás Maduro de utilizar los recursos petroleros venezolanos para financiar terrorismo y actividades ilícitas. Según el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, “el sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Estos bienes saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles de asesinos, mercenarios y drogas”.

Durante la presidencia de Hugo Chávez, entre 2007 y 2008, el gobierno venezolano obligó a las grandes petroleras extranjeras a renegociar sus contratos con la estatal PDVSA, con el objetivo de otorgar a la empresa estatal el control mayoritario de los proyectos de crudo pesado, especialmente en la Faja Petrolífera del Orinoco. Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron los nuevos términos, lo que derivó en la expropiación de sus activos.

Otras compañías internacionales, como BP, Chevron, Total y Statoil, aceptaron quedarse como socios minoritarios bajo control de PDVSA, evitando así ser expulsadas. Según Estados Unidos, esta política fortaleció el control estatal del petróleo y redujo la participación privada, mientras fomentaba la llamada “soberanía” sobre los recursos, pero a costa de la propiedad estadounidense.

Trump y sus asesores han sostenido que Maduro utiliza los ingresos del petróleo para financiar “terrorismo relacionado con las drogas, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”. Además, alertaron sobre el envío de inmigrantes ilegales y delincuentes desde Venezuela hacia Estados Unidos, criticando la administración de Joe Biden por permitir este flujo y exigiendo que los activos petroleros expropiados sean restituidos.

“El petróleo, las tierras y otros bienes deben ser devueltos a Estados Unidos de forma inmediata”, subrayó Miller, en línea con la postura de la Casa Blanca sobre la defensa de la propiedad estadounidense frente a regímenes considerados hostiles.

El caso refleja tensiones históricas entre EE. UU. y Venezuela, con acusaciones recurrentes sobre el uso de recursos nacionales para fines ilícitos y el impacto de las políticas de expropiación sobre empresas internacionales. Mientras tanto, Venezuela mantiene bajo control estatal la explotación de sus principales yacimientos petroleros, considerada por su gobierno como una medida de soberanía económica y política frente a intereses extranjeros.

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