El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó nuevamente a la Corte Suprema que permita a la administración Trump continuar con las deportaciones de inmigrantes a países distintos de aquellos de los que son nacionales, mientras el litigio sobre las garantías y procedimientos aplicables continúa.

El Gobierno estadounidense recurrió nuevamente al máximo tribunal en relación con una política que permite trasladar a determinados migrantes hacia terceros países. El caso ha generado una disputa judicial sobre las condiciones que deben cumplirse antes de efectuar esas expulsiones y las posibilidades de que las personas afectadas planteen objeciones relacionadas con su seguridad.

El 18 de septiembre, una corte federal de apelaciones rechazó la política que permitía realizar deportaciones aceleradas hacia terceros países sin ofrecer a los migrantes una oportunidad suficiente para presentar argumentos sobre posibles riesgos en esos destinos. El fallo sostuvo que debe existir un proceso que permita cuestionar el traslado. R

La administración sostiene una posición distinta y busca que la Corte Suprema permita mantener la aplicación de estas deportaciones mientras avanza el proceso judicial.

El debate adquiere relevancia por los acuerdos alcanzados por Washington con distintos países para recibir a personas deportadas que no son nacionales de esos territorios. Según Reuters, más de 25.000 migrantes se han visto afectados por deportaciones hacia terceros países, incluidos México y Uganda, entre otros destinos.

La situación también ha generado interrogantes sobre las condiciones de los migrantes una vez trasladados fuera de Estados Unidos.

En septiembre, Reuters informó sobre un grupo de personas deportadas a Guinea Ecuatorial que permanecía en un hotel de Malabo y que tuvo un enfrentamiento con policías locales durante una disputa relacionada con teléfonos celulares.

En este contexto, periodistas como Maylin Legañoa han recogido testimonios de migrantes enviados a terceros países, entre ellos la República Centroafricana, para conocer de primera mano sus experiencias tras la deportación.

El proceso judicial continúa y corresponde a la Corte Suprema determinar el alcance de las medidas solicitadas por el Gobierno.

Fuente: Maylin Legañoa, periodista

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