El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un aumento significativo del incentivo económico que ofrece a los migrantes en situación irregular para que abandonen el país de forma voluntaria. El monto pasará de 1.000 a 2.600 dólares por persona, en el marco de un programa que la administración denomina “autodeportación”.

La medida fue comunicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que presentó el incremento como un “regalo” conmemorativo del primer año de la presidencia de Donald Trump. Según la agencia, el objetivo es acelerar las salidas voluntarias y reducir los costos asociados a los procesos formales de detención y deportación.

En su comunicado, el DHS aseguró que desde enero de 2025 alrededor de 2,2 millones de personas se han acogido a este programa de salida voluntaria. La entidad afirmó además que “decenas de miles” de migrantes utilizaron para ese fin la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una herramienta digital creada para gestionar trámites migratorios y coordinar salidas del país.

Sin embargo, estas cifras oficiales han sido recibidas con escepticismo por parte de expertos y centros de análisis independientes, que señalan la falta de datos desglosados y verificables que respalden los números divulgados por el gobierno. La ausencia de información detallada —como nacionalidades, fechas exactas o métodos de salida— ha alimentado dudas sobre el alcance real del programa.

El cuestionamiento se extiende también a las estadísticas de deportaciones forzadas. En diciembre, el DHS informó que había deportado a 622.000 personas desde el inicio del mandato de Trump. No obstante, un análisis reciente del centro de estudios Brookings estima que el número real sería considerablemente menor, situándose entre 310.000 y 350.000 expulsiones.

De confirmarse estas estimaciones, las cifras quedarían por debajo de las 778.000 repatriaciones realizadas durante el último año fiscal completo de la administración de Joe Biden. Además, estarían muy lejos de la meta anunciada por el equipo de Trump de alcanzar un millón de deportaciones anuales.

El aumento del incentivo económico ha generado un debate adicional. Para sus defensores, el programa representa una alternativa “menos traumática” y más eficiente que las deportaciones tradicionales, al reducir la presión sobre los centros de detención y el sistema judicial. Para sus críticos, en cambio, se trata de una política que busca maquillar resultados y que podría empujar a migrantes vulnerables a tomar decisiones precipitadas sin garantías claras sobre su futuro.