El Gobierno de Estados Unidos inició el envío de notificaciones de cobro a patrocinadores de inmigrantes a quienes se les exige reembolsar el costo de determinados beneficios públicos utilizados por las personas que apadrinaron, según confirmaron autoridades federales.

Las cartas están siendo emitidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y se basan en regulaciones que establecen la responsabilidad financiera del patrocinador cuando el inmigrante accede a programas financiados con fondos públicos.

El subsecretario del HHS, Jim O’Neill, explicó que el patrocinio migratorio implica una obligación legal y económica. En un mensaje publicado en la red social X, afirmó que “si usted es patrocinador de un inmigrante que utiliza asistencia social u otros beneficios financiados por los contribuyentes, usted es responsable del costo”.

O’Neill indicó que las notificaciones comenzaron a enviarse a partir del 17 de diciembre y que el objetivo es recuperar el dinero destinado a asistencia pública. Sin embargo, el HHS no ha precisado cuántas cartas han sido enviadas ni el monto total que el Gobierno espera recaudar.

La medida se dirige a quienes firmaron el affidavit of support, un compromiso legal mediante el cual el patrocinador garantiza que la persona inmigrante no dependerá de la asistencia del Estado. En caso de que el beneficiario reciba ayudas como programas de salud o asistencia alimentaria financiados con dinero público, las autoridades federales o estatales pueden exigir el reembolso al patrocinador.

Especialistas señalan que esta aplicación más estricta de normas vigentes desde hace décadas podría desincentivar nuevos patrocinios, con un impacto particular en comunidades latinas, incluidas familias cubanas, que suelen respaldar a parientes o allegados en procesos migratorios legales.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten que la medida añade presión a un sistema ya complejo y costoso. A su juicio, la falta de información detallada sobre el alcance de los reclamos incrementa la incertidumbre entre patrocinadores, que desconocen si se trata de acciones generalizadas o de casos puntuales.

Abogados especializados recuerdan que no todos los escenarios son iguales. En particular, destacan que cubanos y haitianos admitidos bajo el parole humanitario cuentan con disposiciones legales específicas que les permiten acceder a ciertos beneficios. Entre ellas se citan la Ley de Ayuda a la Educación de los Refugiados de 1980 y la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996, que reconocen elegibilidad para programas de alimentación, salud y capacitación laboral.

Cuando el parole humanitario fue ampliado en enero de 2023, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) informó que cubanos y haitianos podían acceder a apoyos como el programa SNAP y cobertura médica temporal. Por ello, algunos juristas consideran que exigir reembolsos en estos casos podría derivar en litigios, recordando precedentes judiciales similares ocurridos en la década de 1980.

Mientras tanto, la iniciativa marca un endurecimiento en la aplicación de responsabilidades financieras asociadas al patrocinio migratorio y abre un nuevo escenario de debate legal y social en torno al acceso a la asistencia pública en Estados Unidos.

Recomendado para ti