El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a Visa, alegando que la empresa utiliza su posición dominante en el mercado para obstaculizar la competencia en el procesamiento de transacciones con tarjetas de débito. Según la demanda, Visa impone condiciones que penalizan a los comercios y bancos que optan por alternativas más económicas a su red de procesamiento, lo que genera altos costos para las empresas y los consumidores.

La querella, presentada recientemente, sostiene que Visa controla alrededor del 60% de las transacciones de débito en Estados Unidos, lo que le permite cobrar miles de millones de dólares en tarifas anuales. El secretario de Justicia, Merrick B. Garland, afirmó que esta conducta permite a la compañía obtener ingresos muy superiores a lo que podría en un entorno competitivo.

"Visa transfiere estos costos adicionales a los comercios, que a su vez afectan a los consumidores, ya sea subiendo los precios o reduciendo la calidad del servicio", expresó Garland. Según el gobierno, esta situación afecta no solo el costo de productos individuales, sino que impacta los precios en una amplia gama de bienes y servicios.

El caso contra Visa se enmarca en un esfuerzo más amplio del gobierno estadounidense por frenar prácticas monopólicas en diversas industrias. Además de Visa, el Departamento de Justicia ha presentado cargos similares contra gigantes tecnológicos como Apple y Google, así como contra empresas que actúan como intermediarias en otros sectores, como Live Nation y RealPage.

La demanda alega que Visa utiliza su poder de mercado para imponer a comercios y bancos compromisos de volumen que dificultan la adopción de alternativas más competitivas, como procesadores de pago más pequeños o menos costosos. También se acusa a Visa de desincentivar la competencia al formar asociaciones con posibles rivales, asegurando así su dominio en el mercado de pagos.

En un caso anterior, el Departamento de Justicia intervino para bloquear la compra de la fintech Plaid por parte de Visa, valorada en 5.300 millones de dólares, argumentando que dicha adquisición eliminaría a un competidor potencial. La operación fue finalmente cancelada.

Esta nueva demanda pone de relieve la creciente preocupación por el poder que tienen algunas corporaciones sobre el mercado, y cómo sus acciones pueden impactar de manera negativa a los consumidores y la competencia. El resultado del caso podría tener implicaciones significativas para el futuro del sector financiero y de pagos en Estados Unidos.

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