El Departamento de Justicia ha sostenido que dos prisioneros federales, Shannon Agofsky y Len Davis, no tienen derecho legal a rechazar las conmutaciones de sus penas de muerte otorgadas por el presidente Joe Biden. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua como parte de una amplia medida de clemencia que conmutó las condenas de 37 presos en el corredor de la muerte.

Los prisioneros presentaron mociones de emergencia ante un juez federal en Indiana, argumentando que las conmutaciones podrían afectar sus apelaciones legales y, en el caso de Agofsky, limitar el escrutinio que recibe su caso. Davis también ha insistido en su inocencia y cuestionó la jurisdicción federal sobre su condena. Sin embargo, los fiscales han dejado claro que la autoridad presidencial sobre las conmutaciones es "suprema y exclusiva", señalando que el consentimiento del condenado no es necesario para que el acto sea válido.

Citando un fallo de la Corte Suprema de 1927, el Departamento de Justicia reafirmó que las conmutaciones representan una decisión final del presidente en favor del bienestar público. “Permitir que un prisionero vete esta acción sería una invasión directa a la autoridad constitucional del presidente”, dijeron los fiscales.

La medida de Biden fue elogiada por grupos contra la pena de muerte, pero también generó críticas de algunas familias de las víctimas, que consideran que los crímenes de estos reclusos justifican la pena capital. Agofsky fue condenado por el asesinato del presidente de un banco en 1989 y por la muerte de un compañero de prisión en 2001, mientras que Davis fue hallado culpable del asesinato de Kim Groves, quien lo denunció por abuso policial en Nueva Orleans.

Ambos presos sostienen que nunca solicitaron la conmutación de sus penas y que esta fue impuesta en contra de su voluntad. En su petición, Agofsky argumentó que la palabra "conceder", utilizada en la Constitución, implica que el destinatario debe aceptar el acto, algo que él y Davis rechazaron en reiteradas ocasiones.

El juez James Sweeney, quien evalúa el caso, asignó representación legal a ambos hombres, aunque señaló que la designación de un abogado es discrecional dado que ya no enfrentan la pena de muerte. Sweeney expresó dudas sobre la posibilidad de bloquear una conmutación presidencial, pero decidió escuchar más argumentos debido a la "novedad" del tema.

La decisión de Biden responde a su promesa de campaña de abolir la pena de muerte federal, una política que contrasta con la postura del expresidente Donald Trump, quien durante su mandato reanudó las ejecuciones federales después de una pausa de 17 años.

Este caso podría sentar un precedente sobre el alcance del poder presidencial en actos de clemencia y la capacidad de los prisioneros para rechazar decisiones que afectan sus condenas.