Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha desatado una ola de decisiones ejecutivas que socavan profundamente la separación de poderes en Estados Unidos. El propio Joseph Stiglitz, economista y profesor estadounidense, advierte que “con Trump es posible que la democracia desaparezca”, y no es una declaración vacía: cada uno de sus movimientos demuestra su desprecio por los límites institucionales.

Decretos que anulan decisiones del Congreso, recortes unilaterales de fondos, imposición de aranceles sin mediación legislativa y el uso político del Ejército marcan un segundo mandato con claras ambiciones autocráticas.

"La democracia estadounidense enfrenta una tensión inédita, porque Trump no actúa desde la negociación ni el respeto a la ley, sino desde la confrontación y el abuso del poder de emergencia."

Las normas que deberían usarse en momentos de guerra o catástrofe están siendo manipuladas para avanzar agendas personales. El uso desmedido de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o el intento de aplicar la Ley de Insurrección de 1807 en Los Ángeles para sofocar protestas son ejemplos concretos del desbordamiento institucional.

Trump ha tomado medidas sin precedentes contra organismos autónomos, universidades, bufetes y ONGs. Ha despedido inspectores generales, amenazado a jueces y perseguido a opositores mediante investigaciones judiciales impulsadas desde el Ejecutivo.

Su administración se burla de los límites constitucionales y como él mismo ha dicho: “Tengo un Artículo II, donde tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente”. Esa frase condensa toda su filosofía de poder.

En ese contexto, el Congreso y los tribunales se ven desbordados. La lentitud judicial, la fidelidad de los legisladores republicanos y la polarización mediática permiten que Trump siga avanzando sin frenos reales. La visión de sus asesores, que defienden una presidencia fuerte como forma de “restaurar el orden constitucional”, encubre una reconfiguración autoritaria del poder. Es una cruzada contra los contrapesos democráticos que define esta nueva etapa del trumpismo.

El mandatario emplea la estrategia del miedo y el uso del estado como arma convirtiendo el poder federal en una maquinaria de castigo.

Sus enemigos son amplios y cambiantes: inmigrantes, gobernadores demócratas, jueces, medios críticos, activistas, universidades. Cada uno recibe una dosis del aparato federal, ya sea con amenazas, recortes o militarización. Esta táctica se ha intensificado en 2025, con un despliegue represivo sin precedentes.

"Lo que ha ocurrido en Los Ángeles ilustra el nuevo rostro del trumpismo: 4.000 guardias nacionales y 700 marines enviados a sofocar protestas migratorias bajo la acusación de 'insurrección'."

Sebastián Moreno, experto en política estadounidense, advierte que Trump busca una crisis fabricada que justifique la ley marcial. La detención de alcaldes o jueces, y el uso del lenguaje bélico frente a manifestaciones civiles, reflejan una deriva profundamente autoritaria.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha denunciado la ilegalidad de usar militares en suelo nacional sin justificación real.

Pero Trump va más allá: ha amenazado con arrestar al gobernador, ejemplificando su desprecio por el federalismo. La lógica es clara: presionar hasta quebrar la resistencia, y luego acusar de deslealtad a quien se opone.

En este clima, juristas como Katherine Franke alertan que el siguiente paso podría ser la suspensión de derechos civiles bajo pretextos de emergencia.

Por si esto fuera poco, Trump ha convertido las agencias federales en instrumentos para atacar la disidencia: retiró fondos a universidades progresistas, inició investigaciones judiciales contra recaudadores demócratas y persiguió públicamente a figuras académicas y mediáticas.

No se trata sólo de ejercer el poder, sino de intimidar, silenciar, castigar. Y lo hace con velocidad, sin reparos legales, confiando en que el Congreso no actuará y que la justicia llegará tarde.

Esta presidencia no se limita a gobernar: construye un aparato de control. Desde las órdenes ejecutivas hasta el despliegue de militares, cada acción busca disuadir, disolver resistencias, colonizar el espacio cívico.

Lo alarmante no es sólo lo que Trump hace, sino lo que normaliza: un estado que actúa contra sus ciudadanos como si fueran enemigos. En su segundo mandato, más que nunca, Trump parece no querer ser presidente, sino soberano.

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