Las ciudadanas cubanas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres han sido imputadas por delitos de carácter penal tras su participación en hechos considerados por las autoridades como constitutivos de Desacato, Desobediencia y Atentado. Según informaciones compartidas por la doctora Alina Arcos Fdez-Brito, López Hernández enfrenta una sanción de cuatro años de privación de libertad, mientras que Pantoja Torres ha sido acusada por Atentado y enfrenta una pena de tres años.

El caso ha generado atención en redes sociales y círculos vinculados a la defensa de los derechos humanos en Cuba, en particular por la implicación de figuras del ámbito académico e intelectual.

En una declaración publicada en plataformas digitales, la doctora Arcos Fdez-Brito calificó la situación como una manifestación de prácticas represivas. “La incriminación por Desacato, Desobediencia y Atentado de Alina Bárbara López Hernández y la acusación de Jenny Pantoja Torres por este último delito, es una clara evidencia de la institucionalización en nuestro país del atropello, el cinismo, la manipulación, el abuso de poder y la mentira”, expresó.

Alina Bárbara López, doctora en Ciencias Filosóficas y conocida por su labor académica y su activismo, ha estado vinculada a espacios de reflexión pública y crítica social.

Jenny Pantoja, por su parte, también ha sido identificada con causas cívicas en el entorno local.

La doctora Arcos Fdez-Brito señaló además que este tipo de procesos legales refuerzan un clima de desprotección jurídica para ciudadanos que ejercen el derecho a la expresión pública. “En Cuba se castiga la dignidad y el decoro. ¡No más presos de conciencia!”, concluyó en su mensaje.

Hasta el momento no se han hecho públicos los documentos legales que sustenten los cargos ni se ha informado oficialmente sobre la fecha de juicio.

Tampoco se han emitido declaraciones por parte de representantes del sistema judicial cubano.

Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han seguido de cerca casos similares en los últimos años, señalando patrones que consideran restrictivos con respecto al ejercicio de libertades fundamentales en la isla.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles del proceso judicial.

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