El primer vuelo de prisioneros deportados por la nueva política migratoria de Donald Trump hacia la Base Naval de Guantánamo llegaron este martes procedente de Fort Bliss, Texas. Estos migrantes son acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y cometer delitos graves en su país de origen. La medida busca reforzar el control fronterizo y aliviar la sobrecarga en los centros de detención en territorio estadounidense.

Este traslado marca el inicio de la ampliación del "Centro Operativo para Migrantes" en Guantánamo, con capacidad proyectada para albergar hasta 30,000 personas. Para ello, se han desplegado 200 marines encargados de acondicionar la base, estableciendo áreas de detención temporales con tiendas de campaña y barracones.

La decisión ha generado un fuerte rechazo a nivel internacional mientras el gobierno cubano califica la medida como un acto de "brutalidad", advirtiendo sobre sus posibles consecuencias en la estabilidad regional. Organizaciones de derechos humanos también han expresado su preocupación, señalando que la base tiene un historial de abusos y falta de garantías legales para los detenidos.

A pesar de las críticas, la administración Trump defiende la medida como una solución necesaria para gestionar la crisis migratoria y reforzar las deportaciones. El secretario de Defensa Pete Hegseth ha asegurado que el Departamento de Defensa coordina esfuerzos con Seguridad Nacional para garantizar el cumplimiento de la política migratoria.

Este desarrollo revive la polémica en torno al uso de Guantánamo, que en el pasado albergó a sospechosos de terrorismo y ahora se convierte en un centro de detención para migrantes en espera de resolución de su estatus legal.

Organizaciones de derechos humanos han expresado inquietudes sobre el uso de Guantánamo, conocido por su historial de violaciones de derechos humanos, como centro de detención para migrantes.

Este desarrollo se enmarca en una serie de acciones de la administración Trump destinadas a intensificar las deportaciones y soportar las políticas migratorias, incluyendo la ampliación de las deportaciones aceleradas y la suspensión de visados ​​a países que no cooperan en la aceptación de sus ciudadanos deportados.

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