El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión, seis días después del choque de dos trenes de alta velocidad en Urda, Toledo, que provocó la muerte de 69 personas y dejó alrededor de 200 heridos.

La decisión fue comunicada durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde el funcionario también confirmó que renuncia a formar parte de las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para las elecciones generales previstas el próximo 29 de noviembre.

Puente explicó que no podía continuar al frente del ministerio después de dos accidentes ferroviarios de semejante gravedad en menos de un año, independientemente de que tuviera o no responsabilidad directa en ellos. Definió su salida como una cuestión de “dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas”.

El ministro señaló que había tomado la decisión tras conocer el accidente ocurrido el 28 de octubre y que informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minutos antes de hacerla pública. Sánchez, por su parte, agradeció su gestión y respaldó públicamente su decisión.

La renuncia se produce en medio de una fuerte presión política. El Partido Popular (PP) y Vox habían reclamado su salida, mientras que otros grupos parlamentarios y sectores sindicales también cuestionaron su continuidad y exigieron explicaciones sobre el estado de la red ferroviaria.

Según informó el diario La Razón, las críticas no se limitaron al titular de Transportes. Desde la oposición se reclamaron responsabilidades al Gobierno de Sánchez y a los responsables de las entidades públicas que gestionan el sistema ferroviario.

La tragedia de Urda se suma al accidente ocurrido en enero en Adamuz, Córdoba, donde murieron 46 personas. Ambos sucesos han elevado la preocupación sobre la seguridad ferroviaria en España y han reabierto el debate sobre el mantenimiento de las infraestructuras, los sistemas de señalización y los controles operativos.

Antes de anunciar su dimisión, Puente presentó un plan extraordinario con medidas para reforzar la seguridad, entre ellas acelerar la instalación del sistema europeo de señalización ERTMS, mejorar los centros de control y revisar los procedimientos de circulación.

La salida del ministro no pone fin a las investigaciones sobre los accidentes. Las autoridades judiciales deberán esclarecer las causas de los siniestros y determinar si existieron fallos técnicos, operativos o responsabilidades de otra naturaleza.

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