La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado la sentencia que obliga a la actriz cubana Livia Brito, conocida por su trabajo en Televisa, a indemnizar al fotógrafo Ernesto Zepeda por daño moral. La cantidad que Brito deberá pagar asciende a aproximadamente 63.552 dólares, como resultado de una sentencia definitiva emitida el 5 de septiembre de 2023, que recientemente fue confirmada, poniendo fin a un largo proceso legal.

El origen del caso remonta a 2020, cuando Zepeda fue agredido por Livia Brito y su entonces pareja, el entrenador Mariano Martínez, después de que el fotógrafo tomara imágenes de la pareja durante sus vacaciones en Cancún, Quintana Roo. El incidente generó gran revuelo en el ámbito del entretenimiento, tanto por la violencia ejercida como por el hecho de que el paparazzi fue despojado de su cámara.

Brito intentó revertir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), que ratificó la condena en 2023, presentando un recurso de revisión ante la SCJN, argumentando que la sentencia era inconstitucional. Sin embargo, la Corte desestimó su recurso y mantuvo la sentencia original, ordenando que la actriz pague la indemnización correspondiente.

En un comunicado, la SCJN afirmó: “Se desecha el recurso de revisión presentado por Livia Brito, y se confirma que queda firme la sentencia recurrida”. Esta decisión se convierte en un hito relevante para los periodistas de espectáculos y los paparazzi, quienes a menudo enfrentan riesgos al documentar la vida privada de las figuras públicas.

Ernesto Zepeda, quien sufrió tanto secuelas físicas como emocionales debido al ataque, celebró la resolución y declaró que el caso representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los periodistas en México. "Este caso es una victoria no solo para mí, sino para todos los periodistas que trabajan en documentar la vida pública de las figuras, a pesar de las consecuencias que enfrentan", expresó Zepeda.

El fallo de la SCJN refuerza la importancia de la responsabilidad y el respeto hacia los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, además de destacar la capacidad de la ley para garantizar justicia frente a abusos y agresiones.

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