En un reciente artículo del diario oficialista cubano Sierra Maestra, se presenta la historia de Luis, un niño de 12 años que, a pesar de su corta edad, se ve obligado a trabajar vendiendo pan para ayudar a su madre y su hermanito. Esta conmovedora historia, que debería ser motivo de alarma, es presentada con una normalización preocupante, casi como un ejemplo positivo de superación dentro del régimen cubano. Sin embargo, este relato encierra una crítica profunda y desoladora hacia la Revolución cubana y su incapacidad para proteger a los más vulnerables.

La Revolución, que prometió justicia social, igualdad y una vida digna para todos, ha fallado rotundamente en cumplir con estas promesas. Luis, un niño que debería estar concentrado en sus estudios, se ve forzado a asumir responsabilidades de adulto debido a las circunstancias económicas que imperan en Cuba. Este es solo un reflejo de cómo la crisis económica y la falta de oportunidades han obligado a muchas familias a depender del trabajo infantil para sobrevivir.

El gobierno cubano, que se jacta de su compromiso con la protección de los derechos de los niños, es el mismo que permite, y a menudo propicia, estas situaciones de explotación infantil. Según las propias leyes cubanas, el trabajo infantil está prohibido y los menores deben estar protegidos. No obstante, la realidad que enfrentan muchos niños como Luis contradice abiertamente estas regulaciones.

Las leyes cubanas, plasmadas en la Constitución y el Código de Trabajo, están diseñadas teóricamente para proteger a los menores de la explotación laboral. Sin embargo, estas leyes quedan en el papel, mientras la vida de miles de niños se consume en trabajos informales, alejados de las aulas y de una infancia normal. El artículo de Sierra Maestra intenta maquillar esta situación, presentándola como un fenómeno aislado y justificable dentro de un contexto complejo, pero la verdad es que esta es la realidad cotidiana de muchos jóvenes cubanos.

En Santiago de Cuba, y probablemente en muchas otras regiones del país, los niños son obligados a trabajar en condiciones precarias. El gobierno cubano puede tener una amplia gama de leyes y regulaciones que prohíben el trabajo infantil, pero estas no se aplican efectivamente. Las instituciones educativas y las autoridades locales se ven desbordadas por la necesidad de tapar los agujeros de un sistema económico fallido, incapaz de proveer lo mínimo indispensable para que las familias puedan subsistir sin recurrir a la explotación de sus hijos.

La historia de Luis no es una excepción, sino una muestra representativa de la vida bajo la Revolución cubana. La retórica oficialista puede intentar ocultar esta cruda realidad, pero los hechos son innegables: la pobreza y la falta de oportunidades están obligando a los niños a trabajar, a menudo en condiciones peligrosas y sin la protección adecuada.

El relato también muestra la hipocresía del gobierno cubano, que mientras firma tratados internacionales y promulga leyes protectoras, no proporciona las condiciones necesarias para que estas normas se cumplan. La ineficacia del sistema económico y social cubano sigue condenando a sus ciudadanos más jóvenes a una vida de privaciones y sacrificios.

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