Varios familiares de presos políticos y activistas cubanos fueron detenidos mientras se reunían frente al Tribunal Municipal de Diez de Octubre para conocer de los procesos que allí transcurren contra manifestantes del 11 de julio.

Un grupo de jóvenes activistas entre los que se encontraba Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz Álvarez, Daniela Rojo, Leonardo Romero Negrín y Yudinela Castro Pérez fueron sacados del lugar a la fuerza así como al menos 11 familiares.

Arián Cruz Álvarez, liberado horas después contó a través de Facebook los angustiosos momentos sufridos.

“Carolina apretaba fuerte mi mano, yo le sujetaba el brazo con mucha fuerza mientras el agente Jordan se acercaba de manera intimidante.

Yo le digo a él: no te atrevas a tocarla, fíjate, no te vayas a equivocar. El se abalanza a nosotros y le dobla fuertemente el brazo a Caro. A mi me golpea en el estómago, y en las costillas, a ella se la llevan de manera muy pero que muy violenta” relató Cruz Álvarez.

Otros jóvenes también fueron golpeados, según su testimonio que desde el carro celda a donde lo introdujeron escuchó “el grito de las madres, de las mujeres, de sus amigas cómo estaban siendo violentadas”.

“Los padres de esos jóvenes fueron golpeados con total impunidad” agregó el cubano.

Este día aun permanecen en paradero desconocido Carolina Barrero, Daniela Rojo y Camila Rodríguez.

La investigadora y promotora cultural cubana Hilda Landrove calificó el estado de las jóvenes como de desaparición forzosa.

“Están desaparecidas desde que la policía se las llevó detenidas ayer. Desaparecidas porque la desaparición no se define por el resultado sino por el hecho en sí. Si ahora mismo las dejan en sus casas, eso no borra que desde ayer no sabemos dónde están, solo que están en manos de la policía”, advirtió la cubana que acusó al gobierno y a las fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria de “normalizar “una violencia planificada que va en espiral hacia más violencia.

Los familiares detenidos junto a los activistas solo permanecían en las inmediaciones del Tribunal Municipal de Diez de Octubre para estar al pendiente de los procesos judiciales que allí se efectúan

Desde ayer lunes y hasta el siete de febrero, un grupo de más de 30 manifestantes del 11J será juzgado en el Tribunal Provincial de La Habana por presuntos delitos de “sedición contra la Seguridad del Estado”.

CubitaNOW ha informado que las peticiones fiscales que sobrepasan los 15 años de cárcel. Según los registros de Justicia 11J, grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, siete de los acusado tienen 18 años de edad o menos.

Las personas que comparecerán ante la justicia participaron en la protesta de Toyo, una zona del municipio habanero Diez de Octubre, en ese sitio incluso se desarrollaron enfrentamientos entre civiles y policías del del gobierno quienes utilizaron sus armas reglamentarias.

Los manifestantes están acusado de sedición sin embargo, los policías que dispararon contra personas desarmadas fueron justificados bajo un un presunto “ejercicio de legítima defensa” amparado en los artículos 21.1-5 del Código Penal vigente en Cuba.

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