En la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, las autoridades detuvieron a dos choferes de carros cisterna acusados de vender agua de manera ilegal y a precios elevados, en medio de la crisis de distribución que afecta a la región tras el paso del huracán Melissa.

El Consejo de Defensa Provincial (CDP) emitió un comunicado confirmando que los conductores de las pipas permanecen bajo custodia mientras se investigan las circunstancias de los hechos. La medida busca garantizar que la distribución del agua se realice de manera ordenada y evitar abusos en un momento de alta demanda del vital recurso.

En redes sociales, ciudadanos han denunciado que los precios por llenar un tanque de 55 galones han aumentado de forma significativa. Tras el huracán, el costo promedio era de 800 pesos cubanos (CUP), pero actualmente los usuarios reportan pagos de hasta 1.500 CUP, lo que ha generado malestar y preocupación entre la población de Bayamo.

El CDP anunció que en las próximas 24 horas se realizará una revisión exhaustiva de todas las irregularidades detectadas en la distribución de agua en la ciudad. Según la información difundida por CMKX Radio Bayamo, el objetivo es identificar responsables y establecer mecanismos que garanticen la entrega justa del suministro.

En una sesión de trabajo, las autoridades locales también analizaron alternativas para mejorar la cobertura de agua potable, especialmente en los barrios más afectados por la escasez y en los municipios cercanos a la capital provincial. La revisión incluirá el seguimiento de todas las violaciones relacionadas con la organización, disposición y distribución del recurso.

Entre las medidas contempladas se encuentran la supervisión más estricta de las pipas, la implementación de controles de precios y la planificación de rutas para asegurar que los barrios con mayor necesidad reciban agua de manera prioritaria.

La venta ilegal de agua se ha convertido en un problema recurrente en Bayamo, exacerbado por la crisis provocada por huracanes y daños en la infraestructura hidráulica, que limita la disponibilidad del recurso y obliga a la población a depender de pipas para obtener agua potable.

El CDP enfatizó que la detención de los dos choferes de cisternas busca enviar un mensaje de que no se tolerarán abusos en la distribución del agua y que todas las violaciones serán investigadas. Mientras tanto, la población espera que las medidas implementadas permitan garantizar el acceso al agua potable de manera más equitativa y ordenada.

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