Cuando un inmigrante es detenido por ICE y no puede pagar un abogado, queda atrapado en un sistema que parece diseñado para excluir a quienes menos tienen. Este es el caso de Leopoldo Alvizu, un joven detenido en Georgia que, a pesar de haber solicitado su deportación hace más de dos meses, sigue encerrado porque su familia no tiene los $15,000 que cuesta un abogado privado.

Su madre, desesperada, no puede comunicarse frecuentemente con él, ya que cada minuto de llamada puede costar hasta $10, una suma impagable para muchas familias trabajadoras. En Estados Unidos, a diferencia del sistema penal, el proceso migratorio no garantiza el derecho a un abogado gratuito.

Esto significa que, si una persona detenida no puede pagar representación legal, debe enfrentarse sola a procedimientos complejos, en un idioma que muchas veces no domina y con consecuencias que pueden cambiar su vida para siempre.

Organizaciones como la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos denuncian que la situación ha empeorado: antes podían intervenir para obtener información de los detenidos, pero ahora solo el abogado o el propio inmigrante pueden hacerlo, cerrando aún más las puertas a la ayuda.

Aunque algunos estados como Nueva York, California, Illinois y Colorado han creado fondos públicos para financiar abogados para inmigrantes en procesos de deportación, en gran parte del país esto no existe.

En otros lugares, la esperanza está en las organizaciones sin fines de lucro o en despachos privados que, en casos muy puntuales, toman casos pro bono. Pero estos recursos son limitados y no alcanzan para todos.

Detrás de la detención prolongada de inmigrantes también hay una industria multimillonaria: los centros de detención privados y los servicios que los rodean, como las compañías telefónicas o de transporte, obtienen grandes ganancias por cada persona que permanece detenida.

Según activistas, algunos abogados también se aprovechan de esta crisis, cobrando montos excesivos por servicios básicos. Mientras tanto, miles de familias viven con angustia, sin saber qué hacer ni a quién acudir.

El caso de Leopoldo no es único, pero representa a una comunidad entera que clama por justicia, humanidad y acceso digno a la defensa legal.

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