Desde la llegada al poder en el mes de enero de Donald Trump, las detenciones de migrantes han dejado un saldo calamitoso de familias separadas.

El último caso que ha trascendido es el del esposo de Yulieth Díaz, el colombiano Michael Díaz, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ella, con 36 semanas de embarazo y sin familiares en Estados Unidos, enfrenta una situación crítica al quedar sin apoyo económico ni emocional mientras espera el nacimiento de su hijo.

Las detenciones de migrantes han dejado a cientos de personas en condiciones vulnerables, tratando de conseguir desesperadamente apoyo para afrontar gastos legales, el pago de fianzas o garantizar la seguridad de los familiares de los arrestados.

Muchos se ven obligados a recurrir a cualquier medio disponible para encontrar ayuda, debido a que los costos asociados con la defensa de sus seres queridos son elevados y, en muchos casos, inalcanzables.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantenía a 47 mil 892 personas en centros de detención hasta el 23 de marzo de 2025, tras la orden del presidente Donald Trump de arrestar a migrantes con antecedentes penales y realizar deportaciones masivas, de acuerdo con cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de Syracuse University.

Sin embargo, muchas de estas personas no tienen un historial delictivo grave y han sido detenidas por infracciones menores, como no contar con un permiso de trabajo válido.

El caso de Yulieth Díaz no es el único. En Texas, Laura Martínez, una madre salvadoreña de tres hijos, vio cómo su esposo, que había estado en el país por más de 15 años, fue deportado a El Salvador. Ahora, enfrenta la difícil tarea de mantener a sus hijos sola mientras trabaja en jornadas extenuantes para cubrir los gastos básicos.

Otro caso que ha generado gran conmoción es el de Jorge Ramírez, un padre mexicano residente en California, que fue arrestado en una redada de ICE cuando llevaba a su hija a la escuela. Su esposa, Ana, ha intentado sin éxito conseguir asistencia legal para frenar su deportación y la familia ahora depende de donaciones comunitarias para sobrevivir.

Durante la administración de Trump, se han registrado múltiples casos de separación de familias. Otro ejemplo es el de María López, una hondureña que fue deportada en 2019 y tuvo que dejar a su hijo de 10 años en Estados Unidos. El menor fue acogido por una familia temporal, pero su madre aún lucha por reunirse con él mientras enfrenta condiciones precarias en Honduras.

Las políticas de inmigración han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian la falta de apoyo gubernamental para las familias afectadas. Mientras tanto, la incertidumbre y el miedo siguen dominando la vida de miles de migrantes en Estados Unidos.

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