Una operación liderada por la Policía Nacional de España, en colaboración con EUROPOL y EUROJUST, logró desmantelar una red transnacional dedicada al tráfico de personas, facilitando la entrada ilegal de al menos 67 ciudadanos cubanos a territorio español. La investigación, que abarcó varios países, reveló que los migrantes eran trasladados desde Cuba hasta Serbia, para luego ser movilizados por tierra a Grecia y finalmente llegar a España con documentos falsificados.

El operativo, supervisado por el Juzgado Central de Instrucción número dos y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dio inicio en enero de 2023. Todo comenzó cuando las autoridades alemanas alertaron sobre la detención en un aeropuerto de una mujer cubana con un DNI español sustraído, quien viajaba desde Belgrado con destino a Madrid.

Las indagaciones posteriores revelaron un esquema sofisticado en el que la organización criminal utilizaba una supuesta agencia de viajes para captar a los migrantes en Cuba. Por un pago cercano a los 10.000 euros, los trasladaban a Serbia mediante vuelos que incluían escalas en aeropuertos europeos. Desde allí, continuaban su ruta por tierra hacia Grecia, atravesando Macedonia del Norte.

Durante el trayecto terrestre, los migrantes eran transportados por "coyotes" y "conductores piratas", enfrentando condiciones precarias que ponían en peligro sus vidas. Muchos de ellos viajaban en los maleteros de vehículos que circulaban a alta velocidad. Al llegar a Grecia, la red les proporcionaba documentos falsificados o auténticos bajo el método conocido como "look alike", permitiéndoles abordar vuelos hacia España haciéndose pasar por ciudadanos españoles.

En total, las autoridades identificaron al menos 40 episodios de tráfico de personas bajo este modus operandi. La operación culminó con la detención de 36 personas en diferentes provincias españolas. Entre los arrestados se encuentran cuatro cabecillas de la organización, encargados de tareas clave como la captación de migrantes, la organización de rutas y la obtención de documentos falsos.

Los principales responsables fueron localizados en Alicante (3) y Málaga (1), mientras que otros 32 intermediarios fueron detenidos en provincias como Barcelona, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, y otras.

Además, durante los registros domiciliarios realizados en Alicante y Málaga, las autoridades incautaron 7.550 euros en efectivo, documentación relevante y material informático vinculado al esquema criminal.

Para manejar los pagos, la organización había establecido una red de cuentas bancarias en Bélgica, algunas abiertas con documentación falsa para evitar su rastreo. Gracias a la cooperación jurídica internacional, estas cuentas fueron localizadas y bloqueadas, debilitando la estructura financiera del grupo criminal.

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