El caso de Doraiky Águila Vázquez, una mujer habanera de 48 años desaparecida desde el 15 de marzo, reactivó un reclamo urgente del activismo feminista en Cuba: la ausencia de un protocolo oficial para actuar ante desapariciones.

Tras meses de silencio, su caso fue mencionado en la televisión estatal, pero para muchas activistas, fue “demasiado tarde y demasiado poco”. Laura Vargas, activista por los derechos de las mujeres, expresó: “¿Y los protocolos de alerta? ¿Dónde están? ¿Por qué no hay una vía institucional transparente para responder a estas urgencias?”

Casos como el de Doraiky no son aislados. Maydeleisis Rosales Rodríguez, una niña desaparecida hace más de cuatro años en Centro Habana y Beysi Moraima Pedroso Ramírez, desaparecida en mayo de 2017, siguen sin respuesta. El nombre de Damaris Ricardo Frómeta también permanece en la lista de desaparecidas desde octubre de 2009.

“No puede ser que tengamos que depender solo de publicaciones en redes o de la solidaridad colectiva para buscar a una persona desaparecida”, lamentó Vargas.

La crítica no se queda solo en los protocolos. También se señala la inacción de instituciones como la Federación de Mujeres Cubanas.

La directora creativa del medio Subalternas cuestionó abiertamente a la organización femenina por celebrar su aniversario mientras ignora estos casos. “No es gracias a la FMC ni a los medios estatales que el caso de Doriaky salió por un medio oficial. Es gracias al empuje ciudadano, al activismo, a la presión colectiva”, denunció.

Las plataformas independientes como Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) han asumido, ante el vacío estatal, la activación de la Alerta Yeniset, una herramienta de emergencia para visibilizar desapariciones en riesgo. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado ante la falta de respaldo institucional.

“Las investigaciones suelen detenerse sin explicaciones claras, y los familiares no tienen herramientas legales para exigir que se reanuden. La falta de una respuesta adecuada expone a las víctimas y a sus familias a un sistema que no protege ni ofrece justicia”, advertía el Observatorio en enero pasado.

Además, la crisis energética que atraviesa Cuba empeora aún más la situación: los apagones dificultan la divulgación de alertas y paralizan la coordinación de búsqueda. Mientras tanto, las familias continúan cargando solas con la angustia y el peso de buscar a sus seres queridos.

Ante este panorama, activistas exigen con urgencia un sistema de alerta temprana oficial, con difusión inmediata en medios, movilización real de autoridades, y acompañamiento efectivo a las familias. La indiferencia institucional, aseguran, no puede seguir siendo la respuesta de un país donde cada desaparición es una herida abierta que sigue sangrando.

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