Una coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos denunció que al menos 46 cubanos arrestados tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba murieron bajo custodia estatal, presuntamente después de que se les negara o retrasara deliberadamente la atención médica en prisión.

La denuncia fue presentada durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en Ciudad de Guatemala, donde activistas alertaron sobre lo que consideran un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes detenidos por el régimen cubano.

Las protestas del 11 de julio de 2021 —conocidas como el 11J— marcaron un momento sin precedentes en la historia reciente de la isla. Miles de ciudadanos salieron a las calles en diversas ciudades para expresar su descontento con la crisis económica, la escasez de alimentos y medicamentos, así como con la falta de libertades políticas bajo el sistema impuesto desde la Revolución Cubana de 1959.

La respuesta del gobierno fue una ola de represión que dejó al menos un muerto, decenas de heridos y cientos de arrestos. Muchos de los detenidos fueron procesados posteriormente en juicios cuestionados por organizaciones internacionales por la falta de garantías legales.

Según explicó Camila Rodríguez, directora de la organización de derechos humanos Justicia 11J, al menos 46 de los encarcelados por aquellas protestas murieron entre enero de 2025 y los primeros meses de este año.

De acuerdo con su testimonio ante la CIDH, estas muertes ocurrieron en contextos donde los presos habrían sido privados de asistencia médica o donde el acceso a tratamiento fue retrasado de manera deliberada, a pesar de las condiciones de salud de los reclusos.

“Hasta la fecha no tenemos conocimiento de ninguna investigación independiente ni de funcionarios penitenciarios responsabilizados por estas muertes bajo custodia estatal”, denunció Rodríguez durante la audiencia.

La situación fue también criticada por representantes de Amnistía Internacional, quienes alertaron que el sistema penitenciario cubano continúa utilizándose como una herramienta de castigo político contra quienes se atreven a cuestionar al gobierno.

Cristhian Jiménez, representante de la organización, afirmó que en Cuba la detención sigue siendo empleada de forma sistemática contra personas que ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión, la protesta pacífica o la asociación.

Para organizaciones de la sociedad civil, estos casos reflejan no solo las duras condiciones dentro de las cárceles cubanas, sino también la ausencia de mecanismos independientes que permitan investigar abusos o exigir responsabilidades a las autoridades penitenciarias.

A casi cuatro años de las protestas del 11J, cientos de cubanos continúan encarcelados por haber participado en manifestaciones pacíficas, mientras familiares y activistas siguen denunciando condiciones inhumanas en las prisiones de la isla y la falta de transparencia del sistema judicial controlado por el régimen.

La denuncia ante la CIDH busca precisamente visibilizar estas muertes y exigir a las autoridades cubanas que permitan investigaciones independientes, así como garantías mínimas para los presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

(Con información de ANSA LATINA)

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