Cuba atraviesa la peor crisis económica y social de su historia reciente, un deterioro que ya supera los momentos más duros del Período Especial de los años 90. Salarios simbólicos, apagones diarios, escasez crónica de alimentos y medicinas, junto a una migración masiva sin precedentes, han empujado a la población a un punto límite. Diversos estudios y sondeos independientes coinciden en un dato alarmante: casi nueve de cada diez cubanos sobreviven hoy en condiciones de pobreza extrema, y más de las tres cuartas partes expresan su deseo de abandonar el país.

El salario medio estatal apenas alcanza el equivalente a 14 dólares mensuales al cambio informal, una cifra irrisoria frente a precios que se disparan sin control. Productos básicos como los huevos o el arroz se cotizan a valores inalcanzables para la mayoría, mientras el sistema de salud solo logra cubrir un porcentaje mínimo de los medicamentos esenciales. A esto se suma un éxodo sostenido: más de 2,7 millones de cubanos han emigrado desde 2020, dejando al país con una población envejecida y sin fuerza laboral suficiente.

Ante este panorama, el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel ha impulsado reformas limitadas, inspiradas parcialmente en los modelos chino y vietnamita. La legalización de miles de mipymes ha permitido que el sector privado absorba cerca del 30% del empleo y dinamice el comercio minorista. Sin embargo, estas aperturas funcionan bajo una fuerte desconfianza estatal, con controles, impuestos elevados y reglas cambiantes que ahogan cualquier iniciativa sostenible.

Uno de los mayores frenos al desarrollo es la ausencia de seguridad jurídica. Invertir en Cuba implica someterse a un sistema donde la propiedad no está garantizada y las decisiones pueden revertirse por decreto. Empresarios nacionales, miembros de la diáspora y compañías extranjeras denuncian confiscaciones, imposibilidad de repatriar ganancias y un “corralito” financiero que mantiene divisas retenidas en bancos estatales.

Todo esto ocurre en una economía dominada por el conglomerado militar GAESA, que concentra los sectores más rentables. Mientras hospitales carecen de insumos y el campo está abandonado, el Estado prioriza la construcción de hoteles de lujo que permanecen semivacíos. El resultado es un país exhausto, sin expectativas reales de mejora, donde cada día más ciudadanos concluyen que el único futuro posible está fuera de la Isla.

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