La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión trascendental que podría afectar la vida de más de 500,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El tribunal anuló una orden de un tribunal inferior que mantenía vigentes las protecciones temporales otorgadas bajo la figura de libertad condicional humanitaria, dejando abierta la puerta para que el gobierno de Donald Trump proceda con la retirada de este estatus legal.

Esta medida eleva significativamente el número de personas en riesgo de deportación, acercándolo a un millón.

La libertad condicional humanitaria es una figura legal que permite a ciertos migrantes residir temporalmente en Estados Unidos por razones humanitarias, evitando así su expulsión inmediata.

Durante la administración Biden, se implementaron mecanismos para que miles de personas de estos países pudieran vivir con un estatus legal temporal, huyendo de situaciones de crisis en sus países de origen. Sin embargo, la administración Trump, que prometió durante su campaña “deportar a millones de inmigrantes”, ha impulsado una agenda para revertir estas políticas, buscando desmantelar las protecciones instauradas por su predecesor.

El levantamiento de las protecciones para más de medio millón de migrantes tiene profundas implicaciones tanto para las comunidades afectadas como para el clima político en Estados Unidos. Entre las víctimas directas de esta decisión se encuentran venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que, en su mayoría, llegaron huyendo de crisis políticas, económicas y sociales graves.

La decisión no solo expone a estas personas a la deportación inmediata, sino que también genera incertidumbre y miedo en amplios sectores de la sociedad migrante.

Además, la Corte Suprema permitió también al gobierno revocar el estatus legal temporal de unos 350,000 migrantes venezolanos, ampliando aún más el número de personas vulnerables. En medio de un contexto marcado por la polarización política, la administración Trump ha exacerbado tensiones al difundir información falsa sobre inmigrantes haitianos durante un debate presidencial, alimentando estigmas y prejuicios.

La decisión de la Corte Suprema se produjo luego de que la administración Trump presentara una apelación de emergencia tras un fallo en Boston que impedía la terminación del programa. Este movimiento judicial es parte de una batalla más amplia entre distintas administraciones y poderes judiciales sobre la política migratoria de Estados Unidos, en la que se debate el equilibrio entre la seguridad nacional, el respeto a los derechos humanos y las realidades humanitarias.

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