La situación que hoy se vive en la Clínica Estomatológica Municipal de Contramaestre ha dejado de ser un simple problema administrativo para convertirse en una alarma moral que resuena en toda la provincia de Santiago de Cuba. Lo que debería funcionar como un espacio dedicado a aliviar el dolor y atender las necesidades de la población, se ha transformado en un epicentro de corrupción, negligencia y deterioro institucional.

Según la denuncia publicada por Plácido Ferreiro Romero, la estomatología local es actualmente un reflejo claro del colapso del sistema de salud. Durante meses —y con especial gravedad en octubre— se registró la salida oficial de 90 dosis de anestesia del almacén. Sin embargo, solo diez de ellas tienen respaldo clínico real: ochenta desaparecieron sin dejar huella. Este faltante no fue producto de errores ni de atrasos, sino de un presunto esquema de desvío organizado que dejó a numerosos pacientes sin la atención mínima necesaria. No hubo anestesia para los tratamientos, pero sí hubo ganancias para quienes manipularon los recursos.

Pero lo más grave no es solo el robo, sino el esfuerzo por, presuntamente, encubrirlo. Para justificar la desaparición del material, se falsificaron hojas de cargo, se inventaron atenciones y se registraron pacientes inexistentes. La creación de posibles expedientes falsos revela un nivel de impunidad institucional que pone en evidencia una maquinaria de engaño bien estructurada. Lo que se roba al almacén se borra del papel, y lo que se borra del papel se borra de la responsabilidad.

El saqueo incluye también amalgamas dentales, materiales de iluminación y suministros esenciales que jamás llegaron a las áreas de trabajo. Para intentar justificar su ausencia, se declaró que habían sido enviados a unidades aisladas como América y Guaninicabo, lugares donde nunca se recibieron ni se utilizaron esos recursos. Las inspecciones lo confirmaron: no existe rastro de los materiales.

Todo este entramado tiene un impacto directo y doloroso en el pueblo. Pacientes que acuden en busca de alivio encuentran puertas cerradas, sillones fuera de servicio y tratamientos imposibles de realizar por falta de insumos. Lo que debería ser un derecho básico termina convertido en un privilegio reservado para quienes pueden pagar fuera del sistema o para quienes forman parte de la cadena corrupta.

La comunidad de Contramaestre exige respuestas. Pide una investigación real, transparente y libre de manipulación política. Porque lo que se ha vivido aquí no es un simple acto de mala gestión; es un atentado directo contra la dignidad humana. Cuando se roba la salud del pueblo, se destruye lo poco que queda de confianza en un sistema que hace tiempo dejó de funcionar.

Fuente: Plácido Ferreiro Romero

Recomendado para ti