La organización Food Monitor Program (FMP) presentó una denuncia ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación en la que señala al conglomerado militar cubano GAESA como uno de los principales factores que agravan la crisis alimentaria en la isla, al concentrar el control de divisas, importaciones y cadenas de distribución de alimentos.

En el informe, la organización solicita a la ONU que exija al Estado cubano mayor transparencia en la gestión económica, el levantamiento de restricciones al sector agrícola y el cese de la persecución contra iniciativas comunitarias que buscan paliar la escasez de alimentos.

Según el documento, GAESA —administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— opera bajo un esquema “opaco y sin control público”, lo que habría permitido consolidar un modelo económico centrado en la captación de divisas más que en la producción nacional. Esta dinámica, afirma el estudio, ha contribuido a una fuerte caída de la producción agrícola en los últimos años.

El director ejecutivo de FMP, Sergio Ángel Baquero, sostiene que la centralización de recursos estratégicos en manos del conglomerado militar ha tenido efectos directos en la disponibilidad de alimentos. Según explicó, este sistema habría reducido la producción interna mientras incrementa la dependencia de importaciones para el consumo básico.

El informe también describe un proceso de “plataformización de la escasez”, en el que productos esenciales son desviados hacia canales de venta en moneda extranjera, lo que limita el acceso de la población residente en la isla y favorece la captación de divisas desde el exterior, especialmente de la diáspora cubana.

De acuerdo con los datos citados por el estudio, basados en una encuesta de seguridad alimentaria realizada en 2024 a más de 2.700 hogares, la crisis ha generado una pérdida generalizada del poder adquisitivo. El informe señala que una amplia mayoría de la población ha visto reducida su capacidad de compra de bienes básicos, mientras que una parte significativa de los hogares reporta episodios de inseguridad alimentaria.

Asimismo, el documento advierte sobre la existencia de hambre crónica en la población, asociada a la falta de ingresos suficientes y al encarecimiento de los alimentos. También denuncia la criminalización de actividades de subsistencia informal y comunitaria, que en muchos casos intentan suplir las carencias del sistema estatal de distribución.

El estudio añade que empresas vinculadas a GAESA controlan sectores clave de la economía alimentaria, incluyendo la explotación de recursos naturales y la comercialización de productos agrícolas y cárnicos, lo que, según la investigación, limita el acceso de la población a bienes esenciales mientras parte de esa producción se destina a mercados externos.

Food Monitor Program también recoge testimonios de productores y emprendedores cubanos que denuncian restricciones administrativas, controles de precios, trabas tributarias y dificultades para importar insumos, lo que, aseguran, obstaculiza el desarrollo del sector agrícola y privado.

Ante este escenario, el informe concluye que la concentración de poder económico en manos del conglomerado militar se ha convertido en un obstáculo estructural para la seguridad alimentaria en Cuba. Por ello, insta a Naciones Unidas a promover medidas que garanticen transparencia financiera, reformas en el sector agrícola y protección a las iniciativas comunitarias que contribuyen a mitigar la escasez.

(Con información de Martí Noticias)

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