El Tribunal Provincial de Artemisa rechazó nuevamente este martes la solicitud de licencia extrapenal para Javier González Fernández, un preso político que sufre severos daños neurológicos y un grave trastorno del sueño debido a un síndrome postraumático.

"Cuando era joven, Javier fue atacado con un machete, lo que le causó una fractura de cráneo y un trastorno en el oído medio. Con el tiempo, esto se convirtió en un insomnio permanente; apenas duerme. A veces, en casa, se quedaba dormido en el baño porque era el único momento en que se relajaba", contó Jorge González Soto, su padre, a Martí Noticias.

El Centro de Rehabilitación Neurológica Clínica NYR destaca que el sueño es esencial para mantener las funciones cerebrales que permiten aprender y crear nuevos recuerdos. La falta de sueño dificulta la concentración, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el manejo de las emociones y conductas.

"La Comisión Forense del MININT [Ministerio del Interior] certifica que él no es apto para estar en el sistema penitenciario. Sin embargo, el tribunal insiste en que la prisión debe crear las condiciones necesarias según lo determinado por los médicos, cuando la misma prisión ha admitido que no tiene los medicamentos ni las condiciones que necesita", señaló González Soto.

Además, la Comisión de compatibilidad con el régimen penitenciario de Medicina Legal de Artemisa reconoce en un informe que González Fernández, de 37 años, no es compatible con el régimen penitenciario y requiere un "estricto tratamiento higiénico y medicamentoso", condiciones que los servicios médicos de las prisiones no pueden garantizar.

Sin embargo, la Comisión considera que, de permanecer en prisión, Javier debe mantenerse ingresado en el puesto médico y seguir las indicaciones para la higiene del sueño.

La familia llevaba más de seis meses esperando la resolución del órgano de justicia.

"Yo estaba callado, esperando porque tenía alguna esperanza. A él lo que le quedan son ocho meses de condena, si no se complica, que estos meses son los peligrosos para ellos", agregó su padre.

Javier González Fernández fue sentenciado a cuatro años de privación de libertad por desórdenes públicos y desacato tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Artemisa.

Según su sentencia, el joven "con el objetivo de resquebrajar el orden, instó a terceras personas a salir a la vía pública y transitar en grupos por las calles del municipio, exacerbando aún más los ánimos de los que lo seguían".

Hace menos de un mes, las autoridades judiciales permitieron que González Fernández transitara a un régimen menos severo, trasladándolo desde la prisión de Guanajay a un correccional cercano a la cárcel Taco Taco.

"He presentado la solicitud de licencia extrapenal en dos ocasiones y las han denegado, y también he solicitado la libertad condicional dos veces, pero también han sido denegadas", aseguró su padre.

El Código Penal cubano establece que el tribunal competente puede conceder la libertad condicional a un sancionado primario, como es el caso del manifestante del 11 de julio, "si existen razones fundadas para considerar que se ha enmendado" y siempre que haya cumplido al menos la mitad de su pena.

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