Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta interina de Venezuela ante la Asamblea Nacional, tras la orden emitida durante el fin de semana por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que le encomendó asumir las funciones de jefa de Estado luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar encabezada por Estados Unidos.

La decisión, adoptada por la Sala Constitucional del TSJ, estableció que Rodríguez debía ocupar el cargo “para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, al tiempo que el máximo tribunal anunció la apertura de un debate sobre el “marco jurídico aplicable” para sostener el funcionamiento del Estado frente a lo que calificó como una “ausencia forzosa” del mandatario.

Maduro fue detenido en la madrugada del sábado 3 de enero y trasladado posteriormente a Nueva York, donde deberá enfrentar cargos federales relacionados con delitos de narcotráfico. Su captura abrió un escenario inédito en la política venezolana, con repercusiones inmediatas tanto a nivel interno como internacional, y obligó a las instituciones controladas por el chavismo a reaccionar con rapidez para evitar un vacío de poder.

Durante el acto de juramentación, Rodríguez reiteró el discurso de defensa de la soberanía nacional y rechazó que la actuación de Estados Unidos equivalga a una ocupación del país. En declaraciones dirigidas al Consejo de Seguridad de la ONU, afirmó que “no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo” y negó que exista una intervención militar permanente en el territorio.

Al mismo tiempo, desde Washington se ha insistido en que la detención de Maduro y la gestión provisional del país buscan facilitar una transición política mensurada, sin que ello implique una anexión ni un control colonial. Funcionarios estadounidenses han subrayado que el objetivo declarado es evitar el colapso institucional mientras se define un nuevo rumbo político.

La juramentación de Rodríguez ocurre en un contexto de gran incertidumbre. Aunque el TSJ y la Asamblea Nacional intentan proyectar normalidad institucional, persisten las dudas sobre la legitimidad del proceso, la duración real del gobierno interino y el papel que jugarán tanto la oposición venezolana como la comunidad internacional en una transición que, por ahora, sigue sin calendario ni reglas claras.

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