El gobierno de Venezuela anunció un incremento del denominado ingreso mínimo integral, que pasa a ubicarse en 240 dólares mensuales, junto con un aumento de las pensiones a 70 dólares. La medida fue presentada como un ajuste de alcance general para trabajadores del sector público y privado, en un contexto de presión social por la pérdida del poder adquisitivo.

El anuncio fue realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien explicó que el nuevo esquema busca mejorar los ingresos de la población trabajadora mediante un sistema que combina salario base y bonificaciones estatales. Según lo informado, el llamado ingreso mínimo integral no se limita al salario tradicional, sino que incluye distintos complementos que elevan el monto total percibido.

Rodríguez calificó el aumento como el más significativo de los últimos años y señaló que el objetivo es recuperar parcialmente la capacidad de consumo de los trabajadores. También indicó que el sector privado está llamado a ajustar sus nóminas cuando los ingresos sean inferiores al nuevo umbral establecido.

Sin embargo, el anuncio no detalla con precisión la estructura del ingreso, que hasta ahora se compone principalmente de bonos como el de alimentación y el llamado “bono de guerra”, mientras que el salario base permanece congelado desde hace varios años en niveles muy bajos.

En paralelo, el gobierno informó que las pensiones se fijarán en 70 dólares mensuales, lo que representa un incremento respecto a montos anteriores. La propia funcionaria reconoció que esta cifra sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores, aunque aseguró que se están evaluando medidas complementarias de apoyo social.

El ajuste salarial llega en un contexto económico complejo, marcado por una alta inflación, depreciación de la moneda y dificultades en la generación de ingresos estables. Diversos sectores laborales han venido reclamando mejoras sostenidas en los salarios, en medio de una brecha creciente entre los ingresos formales y el costo de vida.

Las autoridades atribuyen parte de la capacidad de este aumento a nuevos flujos de ingresos, incluidos acuerdos energéticos y negociaciones internacionales recientes. No obstante, economistas advierten que la estructura actual del ingreso, basada en bonos no salariales, limita su impacto real en beneficios laborales como prestaciones, vacaciones o pensiones futuras.

El anuncio también se produce en un momento de tensiones sociales, con protestas recurrentes de trabajadores y jubilados que exigen mejoras más profundas y estructurales del sistema salarial.

Aunque el gobierno presenta la medida como un avance en la política de protección social, persisten dudas sobre su sostenibilidad y sobre el efecto real que tendrá en la economía doméstica de los ciudadanos.

Fuente: El Nacional

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