La congresista estadounidense María Elvira Salazar ha reafirmado recientemente en sus redes sociales su compromiso con los miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos y fueron liberados bajo el formulario I-220A, una figura migratoria que ha dejado a muchos en el limbo legal. En su mensaje, Salazar insiste en que continuará luchando hasta lograr para ellos un “parole in place”, una solución que podría cambiar radicalmente su situación actual.

El I-220A es un documento emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permite la liberación bajo palabra de personas detenidas en la frontera mientras esperan su proceso migratorio. Aunque no es una entrada formal ni constituye parole, muchos cubanos pensaron que al recibir este documento podrían regularizarse bajo la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, la interpretación actual del gobierno federal ha sido ambigua y contradictoria. En muchos casos, jueces de inmigración y el USCIS han rechazado solicitudes de residencia alegando que los portadores del I-220A no califican como “admitidos o con parole”.

La propuesta de María Elvira Salazar —convertir el I-220A en un parole in place— representa una tabla de salvación para miles de cubanos. De concretarse, permitiría aplicar a la residencia legal tras un año en el país, como establece la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, aún no hay una orden ejecutiva ni legislación aprobada al respecto, lo que mantiene a miles en una situación incierta, sin permiso de trabajo permanente, ni garantía de estabilidad legal.

Para los cubanos con I-220A, este anuncio puede ser recibido con una mezcla de esperanza y escepticismo. Muchos han escuchado promesas similares sin ver resultados concretos. No obstante, cada paso político y cada declaración pública cuentan, especialmente cuando provienen de una congresista con visibilidad en temas migratorios.

Mientras tanto, la ansiedad y el desgaste emocional siguen creciendo entre quienes temen la deportación o no pueden planificar su futuro. No se trata solo de un tecnicismo legal: es la vida cotidiana, las oportunidades y el bienestar de familias completas lo que está en juego. La regularización de quienes portan el I-220A se ha convertido en una urgencia humanitaria y política que no puede seguir siendo postergada.

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