El presidente cubano Miguel Díaz-Canel rechazó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y volvió a apelar al discurso de la soberanía y la confrontación con Washington. Sin embargo, sus palabras contrastan con la dura realidad que vive el pueblo cubano, sumido en una crisis profunda que no puede explicarse únicamente por factores externos, sino por la incompetencia de un sistema que ha priorizado el control político sobre el bienestar ciudadano.

Ante los señalamientos de Trump, Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos “no tiene moral” para opinar sobre Cuba y acusó a Washington de convertirlo todo en negocio, “incluso las vidas humanas”. Según el mandatario, las críticas contra la Isla responden a la “rabia” de quienes no aceptan que el pueblo cubano haya elegido su propio modelo político.

Una vez más, el discurso oficial evitó cualquier autocrítica y responsabilizó casi en exclusiva a las sanciones estadounidenses por la grave situación económica del país. Díaz-Canel insistió en que las carencias que padecen los cubanos son consecuencia de más de seis décadas de “medidas de asfixia extrema” impuestas desde el exterior, y defendió que la Revolución no puede ser culpada por el deterioro de las condiciones de vida.

No obstante, para millones de cubanos, la crisis actual es el resultado directo de un sistema que ha demostrado ser incapaz de generar prosperidad, garantizar servicios básicos estables o ofrecer un horizonte de oportunidades. Escasez de alimentos, apagones prolongados, inflación descontrolada, salarios insuficientes y un éxodo masivo marcan el día a día en la Isla. Estos problemas estructurales no surgieron de la noche a la mañana ni pueden atribuirse a factores externos.

Durante décadas, el Estado cubano ha priorizado el adoctrinamiento político, la propaganda ideológica y la persecución de quienes disienten sobre la gestión eficiente de la economía y el respeto a las libertades fundamentales. La criminalización de la protesta, el acoso a periodistas independientes, activistas y opositores, así como el uso del aparato represivo para silenciar el descontento, evidencian que la principal preocupación del sistema ha sido mantenerse en el poder, no mejorar la vida de la población.

Mientras Díaz-Canel reafirma que Cuba es una nación “libre, independiente y soberana” y sostiene que “nadie nos dicta qué hacer”, miles de ciudadanos sienten que no tienen voz ni capacidad de decidir sobre su futuro. La falta de pluralismo político y la ausencia de mecanismos reales de rendición de cuentas han perpetuado un modelo que no responde a las necesidades de la sociedad.

La narrativa oficial insiste en presentar a Cuba como una víctima permanente de la agresión externa, pero ignora el peso de las decisiones internas: la centralización extrema, la ineficiencia productiva, la demonización del emprendimiento independiente y la represión del pensamiento crítico. En ese contexto, el enfrentamiento retórico con Estados Unidos sirve más como cortina de humo que como solución.

Para muchos cubanos, la verdadera soberanía no se mide en discursos ni consignas, sino en la posibilidad de vivir con dignidad, sin miedo y con oportunidades reales. Y esa sigue siendo una deuda pendiente de un sistema que ha fallado a su pueblo.

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