Un artículo publicado por el medio oficialista Periódico 26, de Las Tunas, ha puesto rostro humano a una crisis sanitaria que sigue golpeando con fuerza a la población: las graves secuelas físicas y emocionales que deja el virus del chikungunya, especialmente entre los adultos mayores. Lejos de limitarse a un episodio febril pasajero, la enfermedad se ha convertido en una condena prolongada de dolor, inflamación y pérdida de autonomía para cientos de tuneros.

Los testimonios recogidos revelan una realidad marcada por el sufrimiento cotidiano. Personas que, semanas e incluso meses después de la infección, continúan con dolores articulares intensos, hinchazón persistente y limitaciones severas para caminar, vestirse o realizar tareas básicas. En muchos casos, el chikungunya no solo inmoviliza el cuerpo, sino que mina la dignidad y la estabilidad emocional de quienes lo padecen.

María Isabel, confinada a su camastro por el dolor, describe cómo la inflamación “mejora unos días y vuelve con más fuerza”, impidiéndole trabajar y generar ingresos extra. A la dolencia física se suma la imposibilidad económica de comprar analgésicos o acceder a una alimentación adecuada, un factor clave para la recuperación que hoy está fuera del alcance de muchos jubilados. Su historia se repite en Gloria, de 74 años, y en su esposo Rolando, cuya caída y fractura agravan un cuadro ya debilitado por la enfermedad.

Más alarmante aún es el impacto psicológico. Casos como el de Joseíto, un octogenario que expresa deseos de no vivir al sentirse inútil, evidencian cómo el chikungunya puede detonar cuadros de depresión profunda, ansiedad e insomnio. La pérdida de independencia, el dolor constante y la imposibilidad de costear transportes para recibir atención especializada se convierten en una carga emocional devastadora, sobre todo para quienes viven solos o dependen de familiares igualmente empobrecidos.

El propio Periódico 26 reconoce que Las Tunas atraviesa una “saga de adoloridos” sin un cierre visible a corto plazo. Ante este panorama, las autoridades sanitarias han anunciado una nueva estrategia: la consulta de atención al convaleciente desde los consultorios del médico de la familia, a partir de los 21 días de síntomas, sin esperar a que se cumplan los tres meses que marcan oficialmente la fase crónica. La intención es acercar la atención a las comunidades y aliviar la presión sobre los hospitales.

Según explicó Ariel Guevara Bringa, director provincial de Salud, los pacientes evaluados serán remitidos a salas de rehabilitación en los policlínicos, donde equipos multidisciplinarios —fisiatras, clínicos, psicólogos y especialistas en Medicina Natural y Tradicional— ofrecerán tratamientos personalizados. El objetivo es reducir la inflamación, aliviar el dolor y atender también las secuelas emocionales que deja la enfermedad.

Los especialistas reconocen que la situación se agrava por un contexto sanitario y social complejo. La población ha enfrentado en poco tiempo varios virus —covid-19, dengue, hepatitis, oropouche— lo que ha debilitado el sistema inmunológico. A ello se suma una alimentación deficiente, la escasez de medicamentos y una crisis económica que limita cualquier recuperación integral.

Aunque las consultas de rehabilitación representan un “faro de esperanza” para muchos pacientes, el propio reportaje deja claro que el chikungunya ha expuesto profundas vulnerabilidades estructurales: un sistema de salud sobrecargado, adultos mayores desprotegidos y una población que enfrenta el dolor sin los recursos básicos para aliviarlo.

En Las Tunas, el chikungunya no solo ha dejado fiebre y erupciones. Ha dejado cicatrices duraderas, cuerpos adoloridos y ánimos quebrados, en una provincia donde la enfermedad se suma a la precariedad diaria y donde sanar va mucho más allá de una consulta médica.

(Con información de Periódico 26)

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