Recientemente, un nuevo intento de feminicidio sacudió a Cuba, esta vez en la localidad de Calabazar de Sagua, en Villa Clara. Gisela Reyes fue brutalmente atacada por su pareja, Lisbani García, quien la apuñaló en el cuello y, creyéndola muerta, se quitó la vida por ahorcamiento. Afortunadamente, la mujer fue hallada con vida y trasladada al hospital, donde recibe atención médica.

Este lamentable suceso es un reflejo del alarmante incremento de la violencia de género en Cuba, un problema que las autoridades insisten en minimizar. Según la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), el 58% de los homicidios dentro del ámbito familiar tienen como víctimas a mujeres y niñas. Aplicando estos porcentajes a Cuba, se estima que al menos 195 mujeres son asesinadas cada año por violencia intrafamiliar o pasional.

A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno cubano se ha negado a reconocer oficialmente la existencia de feminicidios. En 2015, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), declaró que en Cuba "no existen los feminicidios" y que el país "no es violento". Sin embargo, cifras recopiladas por ONGs independientes como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba contradicen esta afirmación, documentando más de 100 feminicidios anuales.

El contexto institucional cubano está marcado por la falta de voluntad política para enfrentar la violencia de género. No existe una Ley Integral contra la Violencia de Género, a pesar de reiteradas solicitudes de activistas y organizaciones feministas. Además, no hay refugios para víctimas, ni programas educativos efectivos, ni tipificación del feminicidio en el Código Penal. La respuesta gubernamental ha sido superficial, limitándose a la creación de un Observatorio de Género (OCIG) en 2023, cuyas cifras oficiales reportaron solo 18 feminicidios ese año, la mitad de los documentados por ONGs.

La omisión de datos oficiales y la criminalización del activismo feminista han exacerbado la crisis. Desde 2021, ONGs independientes han solicitado reiteradamente la declaración de un "Estado de Emergencia por violencia de género", pero las autoridades han ignorado estas peticiones. Además, los medios estatales evitan emplear el término "feminicidio", negando la responsabilidad institucional en estos crímenes.

Los datos filtrados del sistema judicial cubano revelan cifras significativamente más altas de violencia de género que las reconocidas por el gobierno. Un informe confidencial del Tribunal Provincial de Villa Clara, hecho público en 2020, expuso que la realidad de los feminicidios en Cuba es mucho más alarmante de lo que las autoridades admiten.

La lucha contra la violencia de género en Cuba requiere un reconocimiento institucional del problema, la aprobación de leyes protectoras, y la implementación de medidas efectivas de prevención y atención a las víctimas. Mientras el Estado continúe negando la realidad, cientos de mujeres seguirán siendo víctimas de una violencia sistemática que podría evitarse con voluntad política y acción concreta.

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