La dictadura cubana anunció un conjunto de medidas que permiten a cubanos residentes en el exterior participar en la economía nacional, incluyendo negocios privados, proyectos productivos y acceso al sistema financiero. La noticia fue difundida durante el programa televisivo Mesa Redonda por el viceprimer ministro y titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga.

Según explicó el funcionario, las nuevas disposiciones buscan “crear condiciones para que los cubanos fuera del país puedan involucrarse más directamente en actividades económicas dentro de la Isla”. Entre las posibilidades anunciadas, se incluye que estos ciudadanos puedan ser socios o propietarios de empresas privadas, aun cuando no residan de manera efectiva en Cuba.

El anuncio señala que la participación no se limitará a pequeños negocios. Cubanos en el exterior podrán involucrarse en proyectos de mayor escala, incluyendo infraestructura, emprendimientos productivos y asociaciones con empresas estatales y privadas. Además, se contempla la entrega de tierras en usufructo para proyectos productivos, especialmente en el sector agropecuario, con el objetivo de canalizar inversiones y experiencias de cubanos radicados en el extranjero.

En el ámbito financiero, se habilitará la posibilidad de abrir cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, lo que facilitaría operaciones vinculadas a negocios, inversiones y otras actividades económicas dentro del país. Pérez-Oliva Fraga también mencionó la apertura al comercio con empresas estadounidenses, aunque aclaró que estas oportunidades permanecen limitadas por las restricciones del bloqueo económico de Washington.

Pese a estas medidas, expertos señalan que la iniciativa del Gobierno sigue manteniendo un fuerte control estatal sobre los negocios y la inversión extranjera, limitando la autonomía de los cubanos en el exterior y condicionando su participación a las reglas del régimen. La apertura, más que un verdadero cambio económico, se percibe como un intento de atraer capital y recursos sin renunciar al control político y administrativo del Estado.

La medida refleja la creciente necesidad del régimen de ampliar fuentes de financiamiento y dinamizar una economía estancada, afectada por la crisis energética, la inflación y la escasez de insumos básicos. Para muchos analistas independientes, la invitación a los emigrados es selectiva y supervisada, y se enmarca dentro de un modelo que busca mantener el poder concentrado mientras aprovecha los recursos que los cubanos fuera de la isla pueden aportar.

Con estas disposiciones, La Habana intenta fortalecer los vínculos económicos con la diáspora, al tiempo que asegura que cualquier inversión o negocio permanezca bajo estricta supervisión estatal, evitando riesgos para el régimen y preservando la estructura de control que ha caracterizado la economía cubana durante más de seis décadas.

Fuente: Cubadebate

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