El gobierno cubano anunció este jueves la excarcelación de 2.010 personas privadas de libertad, una medida que presentó como un “gesto humanitario y soberano” en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa. Sin embargo, el anuncio vuelve a generar cuestionamientos sobre la transparencia del sistema judicial y la exclusión de presos políticos de este tipo de beneficios.

Según el comunicado oficial divulgado por medios estatales, la decisión responde a un “análisis cuidadoso” que tuvo en cuenta factores como la conducta de los reclusos, el tiempo cumplido de sus sanciones y su estado de salud. Entre los beneficiados se encuentran jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, así como ciudadanos extranjeros y cubanos residentes en el exterior.

El régimen también indicó que fueron considerados aquellos que se encontraban próximos a cumplir su condena o a acceder a la libertad anticipada en los próximos meses. La medida se ampara en el artículo 90 de la Constitución y forma parte, según el discurso oficial, de una supuesta tradición humanitaria del sistema penal cubano.

El indulto excluye a una amplia gama de delitos, entre ellos asesinato, homicidio, delitos sexuales, narcotráfico, robo con violencia y otros considerados de alta peligrosidad. También quedaron fuera los reincidentes y quienes ya habían sido beneficiados anteriormente con medidas similares y cometieron nuevos delitos.

Más allá de la narrativa oficial, este tipo de anuncios suele ser recibido con escepticismo por sectores críticos, que denuncian el uso político de las excarcelaciones. En particular, organizaciones independientes y familiares de detenidos han señalado reiteradamente que los presos por motivos políticos, incluidos muchos arrestados tras las protestas del 11 de julio de 2021, no suelen ser incluidos en estos procesos.

El indulto anunciado ahora es el segundo en lo que va de año y el quinto desde 2011, periodo en el que, según cifras oficiales, más de 11.000 personas han sido beneficiadas con este tipo de medidas.

Sin embargo, la práctica también ha sido interpretada como una herramienta de control, que permite al régimen proyectar una imagen de flexibilidad mientras mantiene intacto el aparato represivo contra la disidencia. La falta de información detallada sobre los beneficiados refuerza las dudas sobre los verdaderos criterios aplicados.

En un país donde no existen garantías judiciales plenas ni independencia de poderes, la discrecionalidad en la concesión de indultos continúa siendo una de las principales críticas al sistema penal.

Fuente: Cubadebate y EFE

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