Guyana se convirtió en un nuevo destino para inmigrantes deportados por Estados Unidos, incluidos ciudadanos cubanos, luego de alcanzar un acuerdo con Washington para recibir a personas que no son nacionales de ese país.

Seis ciudadanos de Cuba y Afganistán llegaron el viernes a Guyana como parte de este mecanismo, según informó el gobierno guyanés. Las autoridades afirmaron que todos fueron sometidos a verificaciones y que ninguno tenía antecedentes penales, por lo que sus casos estarían relacionados principalmente con asuntos migratorios.

El acuerdo contempla que los deportados permanezcan temporalmente en Guyana mientras se determina su destino final. Podrían regresar a sus países de origen o ser trasladados posteriormente a otra nación. No se trata, por tanto, de un programa de reasentamiento permanente.

Los medios CBS News y News MigraUsa informaron que Guyana es el más reciente de más de 30 países que han alcanzado acuerdos con la administración del presidente Donald Trump para recibir deportados estadounidenses que no son ciudadanos de esas naciones.

El gobierno guyanés indicó que las personas recibidas fueron trasladadas bajo el denominado Programa de Retorno Voluntario Asistido, cuya implementación estará a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud, confirmó a The Associated Press que entre los seis deportados se encuentran cubanos y afganos. Explicó que el acuerdo fue negociado durante varios meses y tendrá una duración inicial de un año.

Persaud también señaló que Estados Unidos no ha presentado hasta ahora otra solicitud para enviar nuevos grupos de deportados al país sudamericano.

El mecanismo representa una nueva vía utilizada por Washington para ejecutar deportaciones cuando los inmigrantes no pueden ser enviados directamente a sus países de origen o cuando la administración estadounidense decide recurrir a terceros países.

Guyana se suma así a otras naciones del Caribe que han aceptado recibir pequeños grupos de deportados, entre ellas San Cristóbal y Nieves, Belice y Santa Lucía.

La política ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que consideran que el envío de migrantes a países con los que no tienen vínculos puede resultar inhumano y, en determinadas circunstancias, contrario al derecho internacional. También han expresado preocupación por la posibilidad de que algunos deportados terminen siendo enviados posteriormente a lugares donde enfrentan riesgos de persecución.

La administración Trump, por su parte, defiende estos acuerdos como una herramienta para hacer cumplir las leyes migratorias estadounidenses y desalentar la inmigración irregular.

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